La investigación incluyó un presunto “narcovuelo” que culminó en Pergamino y escuchas de los referentes de la organización, cuyo líder está prófugo. Se dedicaban al transporte, almacenamiento y venta de cocaína en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con un sistema de lavado de dinero en cuevas financiera del microcentro porteño. Al grupo se le incautaron más de 16 kilos de cocaína, diez automóviles, más de 43 millones de pesos y 153 mil dólares.
De la redacción de EL NORTE
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La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás solicitó la elevación a juicio oral de una causa en la que, a partir de una investigación derivada de una avioneta abandonada en 2022 en el partido de Pergamino, 14 personas están acusadas de conformar una estructura narcocriminal con conexiones en Bolivia, Perú y Paraguay. La organización utilizaba “mulas”, talleres mecánicos en provincia de Buenos Aires para acondicionar la droga y cuevas financieras para el lavado del dinero producto de la actividad ilícita.
El Ministerio Publico Fiscal pidió que los y las 14 implicados/as sean juzgados por el delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de transporte, almacenamiento, distribución y comercio.
La investigación, que contó con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se inició a partir del hallazgo de una aeronave siniestrada abandonada, sin matrícula ni ocupantes, en mayo de 2022, en una finca en la zona rural de El Socorro, jurisdicción de Pergamino, la cual presentaba las características haber emprendido lo que se conoce como un “narcovuelo”.
A partir de ese hecho se desprendió una investigación que permitió identificar la red criminal liderada por un ciudadano de nacionalidad peruana identificado como David Forton Salinas, alias “Piedrita”, quien aún permanece prófugo con una orden de captura vigente. Se determinó que su domicilio era la casa de su suegra, en el porteño barrio Padre Mugica (ex Villa 31 de Retiro), donde residía junto a su esposa y tres hijos.
A partir de tareas de campo en el lugar y de intervenciones telefónicas, personal del Escuadrón de Inteligencia Criminal Buenos Aires Sur de Gendarmería Nacional (GNA), se identificaron a otras personas pertenecientes a su grupo familiar, como así también los vehículos que frecuentaban o permanecían estacionados frente al domicilio.
La investigación conectó y entrelazó diversas evidencias y expuso a una red que no solo traficaba, sino que también producía drogas sintéticas y lavaba sus activos en el circuito financiero informal de la calle Lavalle, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Los 14 imputados
Las 14 personas acusadas de integrar la organización narcocriminal para las que el Ministerio Público Fiscal pidió juicio oral son: los ciudadanos peruanos Guillermo William Godoy Ayerbe, Jack Esmith Sánchez Alegre, Karla Danitza Canales Falconi, Jhan Carlos Tavera Pinchi y Pedro Edilberto Meza Velázquez; los de nacionalidad boliviana José Iván García Choque, Ken Villarroel Palenque (alias “Dientón”), Valerio Soria Higuera, Sonia Pucho Ramos, Edwin Rodríguez, el ciudadano paraguayo Gustavo Alexis Benítez y los argentinos Ezequiel Matías Ortellao, Wilson Darío Rodríguez y Aaron Víctor Soliz.
Según el requerimiento fiscal, la organización operaba en diferentes niveles de jerarquía. Por un lado, a los imputados García Choque, “Dientón” Palenque y Godoy Ayerbe, se les atribuyó la logística, incluyendo el traslado de grandes cargamentos de drogas y el manejo del dinero.
A su vez, de acuerdo a la investigación, el contrabando internacional quedó en manos de los ciudadanos bolivianos Soria Higuera y Pucho Ramos, identificados como los responsables de ingresar la droga al país. El primero actuó como “mula”, transportando en su estómago 60 cápsulas de cocaína desde Bolivia hasta la terminal porteña de Liniers, a bordo de un ómnibus de la empresa “La Preferida”.
En tanto, el almacenamiento se les imputó a los dos acusados de apellido Rodríguez, quienes utilizaban un taller mecánico de la localidad de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, para esconder la droga y realizar modificaciones en los guardabarros de los autos para ocultar el estupefaciente.
Siempre de acuerdo a la acusación fiscal, Sánchez Alegre, Canales Falconi, Tavera Pinchi, Soliz y Benítez operaban en el último eslabón, al encargarse de la distribución de la sustancia en distintos puntos de la CABA y del Gran Buenos Aires, donde se comercializaba al menudeo.
Los delitos imputados
En el requerimiento de elevación a juicio, formulado el 3 de febrero pasado, la fiscalía les atribuye a todos los imputados delitos cuya calificación legal principal es el tráfico de estupefacientes en las modalidades de transporte, almacenamiento, distribución y comercio, agravado por la participación de tres o más personas.
Además, se les imputa el contrabando de estupefacientes (para quienes ingresaron la droga al país), lavado de activos (específicamente a García Choque, Villarroel Palenque y Sánchez Alegre) por convertir el dinero de la venta de droga en moneda extranjera en “cuevas financieras” del microcentro de la Capital Federal.
Salvo a Ortellao, a los otros 13 acusados también le atribuyen la tenencia ilegal de armas de fuego, ya que durante los allanamientos se secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros con pedido de secuestro y cientos de municiones de diversos calibres.
