Juicio a Leonardo Airaldi: narco, amenazas y máximo operativo

Juicio a Leonardo Airaldi con un inédito operativo de seguridad

Operativo de máxima seguridad por el juicio a Leonardo Airaldi

NewsITe

El juicio oral contra Leonardo Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante acusado de liderar una organización narcocriminal y de planear el asesinato de un juez federal, comenzó este martes bajo un esquema de máxima seguridad en Paraná y con la particularidad de que el imputado seguirá la audiencia de forma virtual desde el penal de Ezeiza.

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De acuerdo con información oficial a la que accedió Noticias Argentinas, Airaldi fue incorporado al régimen de presos de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal. La medida se tomó luego de que la investigación lo señalara no sólo como presunto jefe narco, sino también como ideólogo de atentados contra un juez, un fiscal y hasta un ministro, lo que encendió las alarmas en los ámbitos judicial y político.

En las últimas horas se concretó su traslado de Entre Ríos al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde permanece aislado, sin acceso a teléfonos celulares ni a comunicaciones no autorizadas. Las autoridades remarcan que el objetivo central es preservar la seguridad de los funcionarios amenazados y garantizar que el debate oral se desarrolle sin presiones ni riesgos externos.

Aun así, Airaldi estará presente en el juicio mediante videoconferencia, a través de la plataforma Zoom. Para reforzar el dispositivo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Alejandra Monteoliva, puso a disposición del Ministerio de Justicia y Seguridad de Entre Ríos, del fiscal federal Ignacio Candioti y del juez federal Leandro Ríos todas las capacidades operativas, de inteligencia y protección con las que cuenta la cartera nacional.

Una causa que combina narcotráfico y planificación de atentados

El debate oral no sólo tiene a Airaldi en el centro de la escena. En el banquillo se sientan además otros 13 acusados que habrían integrado una banda dedicada al narcotráfico, con operaciones entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná. La hipótesis de la Justicia es que el ex dirigente rural actuaba como líder, proveedor y principal financiador del grupo.

Según la acusación, desde su rol de funcionario y referente local, Airaldi habría distribuido tareas entre los integrantes de la organización, administrado recursos humanos y materiales, y dado órdenes vinculadas con la compra, el transporte, la distribución y la venta de estupefacientes. El expediente reconstruye una estructura con capacidad logística y financiera para sostener el negocio ilícito durante varios años.

La trama se vuelve aún más grave por el capítulo que investiga un plan de homicidios por encargo. De acuerdo con la causa, el imputado habría prometido el pago de 40 mil dólares a un sicario uruguayo para asesinar en Punta del Este al juez federal Leandro Ríos y al fiscal Ignacio Candioti, ambos involucrados en las investigaciones en su contra. La denuncia dio origen a una línea de pesquisa específica sobre esos presuntos atentados.

  • Airaldi está acusado de liderar y financiar una banda narco en Entre Ríos.
  • Fue incorporado al régimen de presos de alto riesgo y trasladado a Ezeiza.
  • La audiencia se realiza de manera virtual, con fuerte despliegue de seguridad.
  • Se investigan amenazas y un plan para asesinar a un juez y a un fiscal federales.

La causa, que tramita en la Justicia Federal de Gualeguaychú, se inició a partir de la declaración de un interno que aportó datos sobre la presunta organización de atentados desde la Unidad Penal Nº 9, lo que derivó en un refuerzo inmediato de las medidas de protección a los funcionarios involucrados.

Con el inicio del juicio, la mira está puesta en las pruebas que se exhibirán sobre el funcionamiento de la banda narco y sobre la planificación de los ataques. El proceso promete convertirse en un caso testigo sobre cómo actúa la Justicia frente a organizaciones criminales que, además del negocio de la droga, intentan condicionar a jueces y fiscales mediante amenazas y posibles atentados.

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