La jueza federal cerró la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por 15 diputados de La Libertad Avanza. La acusación incluía presuntas irregularidades patrimoniales, enriquecimiento ilícito y hasta una hipótesis de asociación ilícita con financiamiento extranjero.
La jueza federal María Romilda Servini archivó este miércoles la causa contra la diputada Marcela Pagano. Lo decidió al considerar que no existían elementos que permitieran avanzar con una investigación penal. La magistrada resolvió el expediente por la “imposibilidad de proceder” ante la ausencia de delitos.
La investigación había comenzado por una denuncia presentada por 15 diputados de La Libertad Avanza, quienes acusaron a Pagano de presunta omisión maliciosa de información en sus declaraciones juradas, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito a través de su pareja, Franco Bindi.
La presentación también planteaba una posible asociación ilícita con financiamiento extranjero a partir de supuestos vínculos con diplomáticos de Venezuela, Irán y Rusia y con el expresidente boliviano Evo Morales. Esa hipótesis tampoco encontró elementos suficientes para sostener una investigación judicial.
La Justicia descartó las sospechas patrimoniales
Uno de los principales puntos de la denuncia estaba relacionado con las declaraciones juradas de Pagano y distintas operaciones inmobiliarias. Sin embargo, el fiscal constató que la compraventa de los departamentos señalados se había realizado antes de que la legisladora asumiera su banca en el Congreso y desestimó las sospechas planteadas.
También quedó descartado que Pagano estuviera obligada a incorporar a sus declaraciones juradas los bienes de Bindi por el solo hecho de tener una hija en común. El dictamen consideró que sostener esa presunción representaría “una clara intromisión en la esfera de la intimidad de las personas”.
La denuncia incluía además sospechas sobre la contratación de empleados parlamentarios y un supuesto mecanismo para obtener retornos. El fiscal rechazó esa línea al señalar que en la presentación “ni siquiera se explica el motivo por el cual se sospecha tal inferencia”.
Servini rechazó avanzar sobre acusaciones vagas
La hipótesis más grave sostenía la posible existencia de una asociación ilícita financiada desde el extranjero. La acusación se apoyaba en presuntos vínculos con representantes de Venezuela, Irán y Rusia, además de Evo Morales, pero tampoco logró superar el análisis inicial de la Justicia.
El dictamen fue contundente al señalar que “no se describe una organización criminal, ni los roles, ni un plan criminal determinado”. De esa manera, la Justicia concluyó que no existían elementos concretos que permitieran sostener esa acusación.
Servini recurrió además a la doctrina que impide mantener abiertas investigaciones basadas en imputaciones generales con el objetivo de buscar posteriormente algún elemento incriminatorio. La magistrada sostuvo que permitir una verdadera “excursión de pesca” afectaría “las garantías procesales de las que goza todo justiciable”.
Con esos argumentos, la jueza dispuso el archivo del expediente y cerró la causa iniciada a partir de la denuncia de los legisladores oficialistas contra Pagano.
