Capuchetti retomó la causa por el atentado a Cristina Kirchner, y apuntó contra la fiscalía y la Policía Federal por posibles irregularidades.
De manera inesperada, la jueza federal María Eugenia Capuchetti volvió a tomar el control de la causa que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Entre los puntos centrales del expediente figura la posible existencia de autores intelectuales detrás del ataque. El caso estaba a cargo del fiscal Carlos Rívolo desde noviembre de 2022.
En una resolución breve, Capuchetti argumentó que en los últimos meses no se registraron avances sustanciales y que el expediente necesita un enfoque distinto. Como primera medida, pidió a la Policía Federal Argentina una copia del sumario interno vinculado a la actuación de esa fuerza tras el hecho.
Falta de avances, nuevas audiencias y teléfonos inaccesibles
El cambio de rumbo judicial ocurre mientras avanza el juicio oral contra los tres acusados: Fernando Sabag Montiel, su ex pareja Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, señalado como jefe de ambos. El proceso comenzó en junio de 2024 y se espera que el veredicto llegue hacia mediados de este año.
Durante la última audiencia, se produjo un tenso careo entre los cuatro funcionarios que trasladaron el teléfono celular de Sabag Montiel desde el juzgado de Capuchetti hasta una sede de la PSA. A pesar de los múltiples intentos, el contenido del dispositivo aún no pudo ser desbloqueado.
El último esfuerzo se realizó a mediados de marzo por orden de la fiscal Gabriela Baigún. Participaron peritos de la defensa, de la querella de la ex vicepresidenta, de la Gendarmería y del área de investigaciones tecnológicas de la Procuración. Sin embargo, el resultado fue negativo.
“El peritaje no arrojó resultados positivos sobre el celular Samsung SM-A505 G, a pesar de haberse agotado los métodos previstos y utilizados por especialistas”, concluyó el informe. Hasta ahora, lo único recuperado fueron imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria. En una de ellas, Sabag Montiel y Uliarte posan con el arma utilizada en el ataque.
A pesar del informe técnico, el tema sigue abierto y aún no se descarta que nuevos intentos puedan destrabar el dispositivo. Para la próxima jornada judicial está prevista la declaración de cinco testigos, quienes brindarán testimonio sobre el manejo del celular tras el hecho.
Críticas a la fiscalía y foco en posibles fallas de la Policía Federal
Capuchetti resolvió retomar la conducción de la investigación debido a distintos episodios recientes. En su escrito, criticó la labor del Ministerio Público Fiscal y afirmó: “La demora en el proceso ha creado un escenario en el que se requiere un cambio de estrategia para garantizar avances concretos”.
Aunque Rívolo sigue siendo fiscal de la causa desde noviembre de 2022, ya apeló la medida de Capuchetti. La decisión ahora deberá ser analizada por la Sala I de la Cámara Federal.
Uno de los puntos aún bajo análisis es la presunta vinculación del diputado nacional Gerardo Milman. El testimonio del asesor legislativo Jorge Abello dio origen a esa línea de investigación. Según afirmó, escuchó a Milman decir en un bar: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Esa frase fue pronunciada días antes del atentado, el 23 de septiembre.
Paralelamente, la jueza solicitó formalmente el sumario administrativo número 165-18-008-526/2022, donde se habrían documentado posibles fallos en el accionar de la Policía Federal. El legajo fue remitido en su momento a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Para Capuchetti, ese documento “contiene elementos relevantes que podrían abrir nuevas líneas de indagación hasta ahora desatendidas”. Por ello, envió un oficio a la PFA solicitando los nombres de los agentes involucrados en el expediente interno.
Uno de los aspectos que se busca esclarecer es si existieron errores en los operativos de vigilancia tras el atentado. En particular, se intenta determinar si hubo negligencia al no haber capturado antes a Brenda Uliarte, quien fue detenida el 4 de septiembre en la estación Palermo del tren San Martín.
Según fuentes judiciales, se cometieron fallas en los seguimientos realizados en las horas posteriores al ataque, especialmente en un domicilio ubicado en el barrio de Barracas. “La dejaron ir de un lugar donde ya estaba identificada”, advirtió una fuente vinculada al caso.
Gracias a la geolocalización del celular de Uliarte, se supo que también había estado en zonas como Recoleta, Quilmes y Constitución. Esos movimientos refuerzan las sospechas sobre posibles fallos en las tareas de inteligencia realizadas por las fuerzas de seguridad.
Fuente: INFOBAE
