Un juez federal de Boston bloqueó de manera temporal la medida del Gobierno de Donald Trump que buscaba retirar los permisos de trabajo a solicitantes de asilo e inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión regirá hasta que se resuelva el planteo judicial.
Un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de retirar el derecho a trabajar a decenas de miles de solicitantes de asilo e inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS).
El juez federal de distrito Nathaniel Gorton, de Boston, hizo lugar al planteo presentado por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos, que solicitó frenar una serie de medidas impulsadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) para aplicar las nuevas restricciones migratorias aprobadas por el Congreso el año pasado.
La orden permanecerá vigente hasta que el magistrado resuelva si dicta una suspensión de mayor alcance sobre la política impulsada por la administración de Donald Trump. “El tribunal se pronunciará al respecto antes del 5 de agosto”, afirmó Gorton.
La legislación fiscal y de gasto público aprobada por el Congreso de mayoría republicana en julio de 2025 estableció por primera vez el cobro de tasas para solicitar asilo y restringió la autorización de empleo para las personas con Estatus de Protección Temporal.
El TPS permite que ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias vivan y trabajen en Estados Unidos mientras no sea seguro regresar a sus lugares de origen.
Como parte de su política migratoria, el Gobierno de Trump buscó poner fin al TPS para personas provenientes de más de una docena de países. El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó esa decisión en relación con miles de inmigrantes haitianos y sirios.
La demanda fue presentada por el grupo jurídico Democracy Forward, que sostuvo que el Uscis aplicó de manera ilegal las disposiciones de la nueva ley. Los demandantes advirtieron que las medidas podrían provocar que miles de beneficiarios del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania perdieran su autorización para trabajar a partir del miércoles.
Según la presentación judicial, algunas de las políticas reducen de forma retroactiva el período durante el cual los titulares del TPS pueden trabajar, aplicando las nuevas restricciones a personas procedentes de esos tres países.
La presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, sostuvo en un comunicado que la decisión judicial garantiza que miles de familias no perderán sus medios de subsistencia mientras los tribunales analizan la legalidad de las medidas.
Actualmente, el TPS continúa vigente para ciudadanos de El Salvador hasta el 9 de septiembre y para personas provenientes de Sudán y Ucrania hasta el 19 de octubre, luego de la prórroga dispuesta en enero.
Por otra parte, el juez Gorton rechazó, por el momento, impedir que el Uscis cobre la nueva tasa. Sin embargo, aclaró que la agencia no podrá retirar permisos de trabajo ni aplicar sanciones a quienes no la abonen mientras permanezca vigente la medida cautelar.
