El juez Sebastián Casanello le atribuyó el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El embargo supera los 14 mil millones de pesos.
El expresidente Alberto Fernández fue procesado el día de hoy en el marco de la causa conocida como “Seguros”, que investiga una presunta red de corrupción en la contratación de pólizas por parte de organismos públicos. El juez federal Sebastián Casanello lo acusó de negociaciones incompatibles con la función pública y le impuso un embargo por más de 14.600 millones de pesos.
La resolución judicial también alcanza al broker Héctor Martínez Sosa, allegado al exmandatario, y a su esposa y ex secretaria presidencial, María Cantero. Ambos fueron procesados como partícipes necesarios y por incumplimiento de deberes de funcionario público, con el mismo monto de embargo.
Una trama de comisiones, contratos y decretos
La causa, que comenzó bajo la instrucción del juez Julián Ercolini, apunta a una estructura que operó entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. Según la acusación, se desviaron fondos públicos mediante contrataciones direccionadas a favor de intermediarios privados.
En total, se analizaron 45 contratos, 25 intermediarios, una cooperativa con funciones financieras y un decreto presidencial que habilitó el sistema. Según la justicia, esas maniobras consolidaron un “esquema de recaudación y distribución” de dinero desde entes públicos hacia empresas privadas a través de Nación Seguros.
Cuarenta indagados por una “estructura criminal“
Hasta el momento, fueron indagadas 40 personas por integrar lo que la justicia calificó como una “estructura criminal”. La acusación sostiene que actuaron en coordinación para beneficiar a determinados brokers de seguros con contratos estatales.
Los investigadores apuntan a que esas contrataciones contaron con la connivencia de Alberto Fernández. Los intermediarios habrían operado con empresas y particulares entre los organismos públicos y Nación Seguros, e incluso habrían influido en la elección de coaseguradoras.
El procesamiento no incluye prisión preventiva. Sin embargo, implica un avance clave en una de las causas de presunta corrupción más relevantes que involucra a un expresidente en ejercicio de funciones en tiempos recientes.
