El ex ministro de Transporte bonaerense rechazó las acusaciones ante el fiscal Álvaro Garganta y sostuvo que la licitación de la VTV fue legal, pública e internacional. La causa también investiga presuntas maniobras con multas de tránsito y retornos ilegales.
El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, presentó este lunes un descargo de 25 carillas ante el fiscal Álvaro Garganta, en el marco de la investigación que lo señala por presuntas irregularidades en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV). En su escrito, negó de forma categórica haber direccionado la licitación o beneficiado de manera indebida a las empresas adjudicatarias.
La causa no se limita únicamente al proceso licitatorio de la VTV. El expediente también busca determinar la existencia de un presunto entramado integrado por abogados y funcionarios que habría operado para reducir o anular multas de tránsito detectadas en rutas bonaerenses a cambio de pagos ilegales.
La licitación y la defensa del ex funcionario
En su presentación judicial, D’Onofrio afirmó que el proceso de concesión fue “legal, público e internacional” y que contó con el aval de los organismos de control y de asesoría correspondientes. Según su postura, no existió direccionamiento alguno en la adjudicación ni beneficios indebidos para las empresas que obtuvieron los talleres verificadores durante 2024.
El ex ministro sostuvo además que todas las decisiones adoptadas durante su gestión se ajustaron a la normativa vigente y rechazó la hipótesis de un sistema de retornos vinculado al esquema de concesiones.
El impacto del sistema bajo investigación
La investigación encabezada por el fiscal Garganta apunta a un esquema que tiene impacto directo en millones de conductores. En la provincia de Buenos Aires hay más de cuatro millones de vehículos registrados que deben realizar la VTV y abonar, como mínimo, $79.640 por revisión en el caso de autos particulares.
Para la fiscalía, D’Onofrio habría favorecido a ocho empresas adjudicatarias y articulado un mecanismo de retornos mediante una firma contratada para gestionar los turnos y los cobros online del servicio.
La empresa de turnos y las sospechas fiscales
Uno de los ejes centrales de la causa es la contratación de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., empresa encargada del otorgamiento de turnos de manera virtual. La fiscalía sospecha que esta firma habría funcionado como intermediaria para el cobro de coimas.
Según la acusación, las concesionarias debían abonar inicialmente el 3% y luego hasta el 8,5% más IVA de sus ingresos mensuales durante los diez años de concesión. Cada turno solicitado por Internet implicaría una comisión directa que iría desde unos $2.500 por la VTV de un auto hasta $11.000 en el caso de vehículos de transporte.
En su descargo, D’Onofrio defendió la incorporación de tecnología al sistema y afirmó que era necesaria para mejorar la transparencia y la trazabilidad. También negó de manera categórica cualquier vínculo previo con Sebastián Decio, titular de la empresa señalada como un nexo clave en la investigación.
Declaraciones pendientes y situación judicial
El fiscal Garganta citó a declarar en los próximos días a los propietarios y titulares de las siete empresas que recibieron licencias para operar la VTV en distintos puntos de la provincia, incluido Decio. En paralelo, la Justicia profundiza la investigación sobre un presunto esquema de manipulación de fotomultas, que habría contado con la connivencia de jueces de faltas en distintos puntos estratégicos.
Aunque D’Onofrio permanece en libertad, su situación judicial es compleja. Semanas atrás, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lo procesó por presunto lavado de activos, le trabó un embargo por $350 millones y dispuso la inhibición general de todos sus bienes.
