Desde la cárcel, el referente mapuche insiste en que fue condenado sin pruebas suficientes
NewsITe
El dirigente mapuche Facundo Jones Huala rompió el silencio desde la cárcel y volvió a cuestionar con dureza la causa judicial que lo llevó a ser condenado a cinco años y dos meses de prisión. Sostiene que no hubo pruebas contundentes en su contra y que la justicia terminó basando la sentencia en su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y en sus declaraciones públicas, más que en hechos concretos debidamente acreditados.
La causa se inició tras la presentación de su libro “Entre rejas, antipoesía incendiaria”, en febrero de 2025, en la Biblioteca Popular Aimé Painé de Bariloche. Allí, según recordó, brindó un discurso político sobre su militancia y su historia familiar, intervención que –de acuerdo a su versión– desencadenó una investigación que meses después derivó en su detención.
Jones Huala afirmó que fue arrestado por la Policía Federal en El Bolsón antes de que existiera una orden judicial. Según su relato, incluso el propio jefe del operativo le habría pedido disculpas por la situación. Su abogado, Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, calificó el procedimiento como “absolutamente irregular” y denunció que no se configuraba una situación de flagrancia que habilitara ese accionar.
Tras permanecer en dependencias de la Policía Federal en Bariloche, Jones Huala fue trasladado al penal de Rawson, a casi 800 kilómetros de su núcleo familiar. Allí asegura que pasó por un período de aislamiento con fuertes dificultades para comunicarse tanto con sus allegados como con su defensa.
Juicio abreviado, RAM y acusaciones sin testigos
El dirigente reconoció pertenecer a la RAM, pero remarcó que esa admisión no equivale a aceptar responsabilidad penal por todos los hechos que se le intentaron atribuir. “No existen pruebas reales contundentes ni mucho menos testigos. Entonces tuvieron que inventar muchas cosas”, señaló en declaraciones al portal Sumario.com.ar, negando además la existencia de escuchas en las que apareciera impartiendo órdenes para cometer ataques o incendios.
La condena fue dictada mediante un juicio abreviado homologado el 16 de septiembre por el juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla. El acuerdo impidió que la causa llegara a un debate oral y estableció una pena de cinco años y dos meses de prisión, encuadrada en el artículo 213 bis del Código Penal, que refiere a organizaciones que buscan imponer sus ideas por la fuerza. Varias de las imputaciones originales más graves –como intimidación pública, asociación ilícita o apología del delito– quedaron finalmente afuera de la sentencia.
Según Jones Huala y su defensa, la amenaza de enfrentar una pena mucho mayor en un eventual juicio oral fue decisiva para aceptar el abreviado. De hecho, en una instancia previa se barajó una condena de cinco años y seis meses bajo la figura de asociación ilícita vinculada a una organización que pondría en peligro la vigencia de la Constitución. El propio imputado relató que rechazó esa calificación y que terminó concediendo parte de la versión fiscal a cambio de reducir el riesgo de recibir entre 10 y 15 años de prisión.
Críticas al rol de la fiscalía y denuncias de “extorsión judicial”
El abogado Franquet definió el juicio abreviado, en este tipo de causas, como una “herramienta de extorsión”, al colocar a los imputados ante la disyuntiva de aceptar un acuerdo o exponerse a condenas mucho más severas aun cuando la defensa considere que no hay pruebas suficientes. “Yo no le voy a decir a nadie que arriesgue 10 o 15 años de su libertad confiando en que vamos a poder demostrar la inocencia”, señaló.
- El fiscal federal Fernando Arrigo encabezó la investigación y participó de la negociación final del abreviado.
- La fiscal Ángela Pagano Mata intervino en buena parte de las audiencias, en un proceso que también involucró a otros representantes del Ministerio Público Fiscal.
- La madre del dirigente, María Isabel Huala, enmarcó la causa en una “persecución política” de larga data por la militancia mapuche de su hijo, tanto en Argentina como en Chile.
“Yo tengo una condena por expresar mi ideología, por expresar mi militancia, por decir ‘yo soy esto’”, resumió Facundo Jones Huala al cerrar su testimonio desde prisión, donde –según los cálculos del expediente– permanecerá hasta agosto de 2030.
Mientras la defensa insiste en la falta de pruebas materiales y denuncia irregularidades en todo el proceso, el caso vuelve a colocar en debate el uso del juicio abreviado en expedientes sensibles y el modo en que el sistema penal aborda los conflictos vinculados a la militancia mapuche en la Patagonia.
