El presidente aludió a la eliminación de los fondos fiduciarios
Javier Milei ha desatado una nueva polémica al anunciar su intención de eliminar los fideicomisos por decreto, un paso sin precedentes que busca poner fin a lo que él describe como “cajas sin control” utilizadas por los gobiernos para financiar obras y proyectos sin suficiente transparencia.
Los fideicomisos, también conocidos como fideicomisos públicos, son herramientas financieras utilizadas por los gobiernos para canalizar fondos hacia proyectos específicos. Sin embargo, su falta de auditorías exhaustivas ha sido objeto de críticas por parte de expertos en anticorrupción y finanzas, quienes cuestionan la falta de transparencia en el manejo de estos fondos.
El proyecto de Ley Ómnibus presentado por Milei incluía disposiciones para revisar y potencialmente eliminar los fideicomisos públicos existentes, en un esfuerzo por aumentar la transparencia y el control sobre el uso de los recursos públicos. Sin embargo, la propuesta enfrentó un revés en Diputados, lo que llevó a Milei a considerar la posibilidad de actuar por decreto presidencial.
Según lo establecido en el proyecto de ley, existen actualmente 29 fondos fiduciarios que manejan un presupuesto considerable. Estos fondos, creados por normativas legales, han sido objeto de escrutinio debido a la falta de claridad sobre su origen y destino final.
Entre los puntos destacados del proyecto de Milei se encontraba la revisión de los fondos fiduciarios del sector energético, así como la asignación de recursos para fortalecer otros fondos, como el Fondo de Integración Socio Urbana.
El control sobre los fideicomisos ha sido limitado, con solo dos organismos, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), facultados para llevar a cabo auditorías. Sin embargo, estas auditorías suelen realizarse después de que los fondos han sido utilizados, lo que plantea dudas sobre su efectividad como mecanismo de control preventivo.