Finalizaron ayer, rondando las 13 horas, las audiencias del juicio oral y público por los presuntos abusos en el Jardín Belén. Esta causa tiene como imputados al sacerdote Tulio Matiussi, la preceptora María Rubíes y el portero Anselmo Ojeda. Luego de la lectura de alegatos y una breve expresión de inocencia por parte de los acusados, el Tribunal Oral y Criminal N° 2 confirmó que el 24 de mayo –desde las 12 horas– dará a conocer su resolución final. La fiscalía propuso 28 años de prisión, junto con la detención inmediata al dictarse sentencia, si se los encontrara culpables.
Carolina Mitriani
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Pasadas las 9:30 de ayer, el Tribunal Oral y Criminal Nº 2 inició el sexto día del juicio que se les sigue a Tulio Matiussi, Anselmo Ojeda y María Rubíes. Están señalados como presuntos abusadores de niños y niñas de entre 3 y 5 años, en el Jardín Belén de San Pedro, en el año 2017. Rubíes y el cura Matiussi llegan en libertad; en tanto, Ojeda cumple prisión preventiva domiciliaria.
El lunes estuvo signado por los alegatos. A su término, los imputados expresaron brevemente su inocencia, sin dirigir la vista a los presentes.
Querella
El Ministerio Público Fiscal, en la voz del Dr. Hernán Granda -que trabaja en conjunto con la fiscal tematizada en abusos sexuales, Dra. Franca Padulo- hizo un relato cronológico de los hechos, con foco en las pruebas y testimoniales recabados. Solicitó “condenar a los tres imputados en concurso real”, con computación multiplicada por la cantidad de víctimas (5). La propuesta es de 28 años de prisión a Matiussi, Rubíes y Ojeda; con solicitud de detención inmediata al dictarse sentencia, al considerar peligro de fuga.
El fiscal fue contundente: “María (Rubíes) no puede eximirse. Era el eslabón que faltaba” para la comisión de abusos. A su vez, destacó que “tenían el tiempo, el modo y el lugar para hacerse (los abusos)”. En el caso de Ojeda, aseveró que “Anselmo desempeñaba actividades que excedían lo normal de su rol” y preguntó: “¿Tanta confianza le tenían al portero?”, por las tareas extras que realizaba, y en foco al almacenamiento de sus objetos de trabajo dentro de los baños de los niños y niñas, a los que podía acceder.
Granda ironizó sobre los “superpoderes” que señalaron los empleados del jardín, expresando que tenían “visión inframuros” y “periférica” según sus testimonios, en los que refirieron un «supercontrol» de lo que sucedía. Esto fue desterrado, dado que una niña “se les escapó” a la calle y en otra ocasión –reconocido por la docente– se echó al pasillo del salón a un niño, del que nadie habría tenido guarda. También dejó al descubierto que si alguien quería acceder con facilidad a la institución, “tenía el carril perfecto para hacerlo”, señalando la puerta de emergencia de la que Ojeda tenía control.
Sobre las pericias médicas, Granda detalló el “factor común” que señaló la Dra. Romina Savoy, quien calificó así a las fuertes sintomatologías de las presuntas víctimas en el mismo período.
En lo institucional, remarcó que “los niños dijeron lo mismo en todas las instancias”, aseverando la veracidad de sus relatos. Descartó la hipótesis de un abuso intrafamiliar: “Es un intento de desviar la responsabilidad institucional de lo que pasaba en el jardín”. “Los padres no actuaron a espaldas de la institución. Que la institución les haya dado la espalda es otra cosa”, afirmó la línea fiscal. A su vez, Granda habló de un “discurso cerrado, institucionalizado” en el personal del jardín. “Desearíamos que si hubo un error, se reconozca, no que se niegue y encubra”, dijo, y valoró que “indigna que no se hayan tomado sanciones”.
A lo presentado por el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Ariel Fusco -representante del particular damnificado- habló en consonancia, breve pero contundente. Instó a investigar si el personal del jardín tuvo alguna participación, encubrimiento o incurrió en el delito de falso testimonio.
“No existe lugar donde no puedan haber abusos”, aseveró Fusco, por lo expresado por la defensa, que cuestionó la posibilidad de que los abusos hayan tenido lugar en diferentes sectores del jardín.
Por otro lado, enfatizó: “Todos sabemos que el abusador puede ser un buen vecino, un buen padre… Pero nada de eso descarta los abusos”. E insistió en que las personas que cometen esos hechos “tienen dos caras”. Esto, en respuesta al testigo que destacó la “calidad humana” del sacerdote.
El letrado remarcó la amplitud del plexo probatorio y repudió los intereses de buscar otro responsable (abuso intrafamiliar) como hipótesis. Marcó su adhesión a la propuesta de pena planteada por fiscalía, aclarando que pretende 33 años, más penas accesorias legales, junto con la detención inmediata de los acusados.
Defensa
El Dr. Alejandro Ares, defensor de Rubíes y Ojeda, expuso en permanencia con documentos, protocolos y textos sobre el análisis de los relatos infantiles y “la histeria de las guarderías”, construyendo pocas expresiones de su autoría para referirse a lo juzgado en el recinto local. Pidió la absolución de ambos.
El doctor remarcó que “los niños variaron el relato” y marcó “sugestión” por parte de los padres que, dice, habrían influenciado las palabras de los niños y niñas a través de “un proceso de transferencia de información que incorporaron”. Aseveró que “todo el mundo estaba contaminado en la posición de que los abusos se cometieron”. Además, acusó a Granda de “tratar de forzar que encajen las piezas del rompecabezas”. Indicó que los padres actuaron en un “marco de irracionalidad y psicosis colectiva” y “desviación del relato”. Planteó que “no hay prueba objetiva alguna que pueda contrastar los dichos de los menores. Por lo tanto, no se puede fundar condena”.
Por su parte, el defensor de Matiussi –el Dr. Juan Carlos Marchetti– se explayó en los procesos de la Justicia, insistiendo sobre la parcialidad de sus integrantes. “No somos recusadores seriales”, pronunció, y recordó que denunció al Estado argentino en la Comisión Interamericana de DD. HH., en Washington.
Señaló que los fiscales están presionados “por la señora Carla Vitale y sus seguidores”, algo que entiende “los llevó a desatender cualquier otra voz”. Y acusó que “su hilo de investigación estaba direccionado”, además de la “omisión” de testimonios, que definen a su actuación como “teñida de falta de objetividad”. También apuntó contra el juez de Garantías Dr. Ricardo Prati, quien le ordenara “cuatro meses que fueron un infierno para el padre Tulio” en prisión preventiva. Y volvió a arremeter contra las Dras. Baquedano y Ocariz, y el Dr. López, atribuyendo una “ausencia de imparcialidad” en el tribunal de la causa.