Luego de las presentaciones de las empresas que participaron de la licitación corta para dragar la Hidrovía hasta que se ponga en marcha la licitación larga, días atrás dio a conocer la única firma que salió airosa en la apertura del primer sobre con la propuesta técnica. Se trata de la Compañía Sudamericana de Dragados S.A., la filial local de la belga Jan de Nul. Esto provocó el malestar en vecinos de la región y ambientalistas, ya que no están de acuerdo con los dragados en el río Paraná.
De la Redacción de El Norte
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Había cuatro propuestas para ganar la licitación: la primera era Jan de Nul, a través de Compañía Sudamericana de Dragado, el operador actual y quien estuvo a cargo de las obras durante 26 años; la segunda estaba conformada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE), con la belga Dredging International, la compañía china CCCC Shanghai Dredging CO y la argentina Servimagnus S. A.; la tercera es la holandesa Boskalis; y, por último, la unión entre la dinamarquesa Rhode Nielsen y Emepa S. A.
EL NORTE viene siguiendo la problemática desde hace varias semanas, donde se ha plasmado la inquietud de muchos vecinos, ambientalistas y organizaciones no lucrativas, sobre las consecuencias que puede dejar el dragado. De hecho, el pasado 21 de enero se terminó esa actividad que venía sucediendo desde octubre en la vecina localidad de Ramallo.
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Opinión de la gente
Este medio se contactó con varios integrantes de organizaciones medioambientales, ya que tanto en Rosario como en Ramallo, días atrás, realizaron un corte con embarcaciones para plasmar su disconformidad con el dragado realizado. Las opiniones son variadas pero todas coinciden en que Jan de Nul no debe ser quien se adjudique la licitación.
“No podemos hablar de soberanía cuando desde sectores foráneos nos dicen qué y cómo debemos producir y esos mismos son quienes tienen el manejo del comercio exterior, estamos sometidos desde todo punto de vista, nuestros pueblos originarios, los verdaderos dueños del territorio, relegados a la miseria y el ocultamiento, la soberanía que se pregona desde los gobiernos es ficticia, esa es la realidad que debemos exigir cambiar”, manifestó Oscar Mollevi.
“Opino que, si bien es cierto que debería haber una regulación de parte de los estados de lo que entra y sale de nuestras costas, no podemos resignarnos a la idea de que la concesión es un hecho. En principio, deberíamos reclamar una replanificación realmente federal de la llamada hidrovía y, a su vez, deberíamos reclamar esos modos de producción relacionados con los modos de saqueo agroexplotador envenenador corporativo, y de la complicidad del Estado. Creo que el reclamo debería hablar de la producción de los pueblos, porque son justamente los pueblos quienes la generan y no las empresas que dragan la tierra y dejan la sequía que sabemos”, contó otra vecina.
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“Si me preguntan por la empresa Jan de Nul, es muy difícil encarar con entusiasmo algo que en su matriz no cambia la condición actual de utilización (esto es, qué sale de la Hidrovía, de qué manera y para qué), perpetuando de la misma manera el funcionamiento que tuvo desde su privatización. Será una buena noticia para el Gobierno nacional, que ahora recibe una alícuota que antes no, y dispone de algún aporte presupuestario del que antes no, para impulsar su programa político. Ahora bien, eso no nos cambia en nada nuestra situación. Ni participamos de lo que debería ser el uso del río (del que somos habitantes), ni opinamos sobre lo que creemos que debería ser el tráfico fluvial, ni recibimos beneficios directos de su explotación actual. Lo que reclamamos es la reconfiguración del modelo extractivista, que permanece vigente e incuestionado sin importar quién ocupe el sillón presidencial, y que no tiene otro enfoque que el de productor de commodities con los cuales obtener dólares, y rogar que este ingreso pueda acompañar la demanda interna como para estabilizar la economía. Pero no se lo piensa justamente como causa de esos propios desequilibrios cuando esta y otras expresiones de ese extractivismo son también los principales responsables de la fuga de dólares a las casas matrices de las empresas exportadoras al extranjero. La palabra “Soberanía” a la prórroga de la concesión y a la reformulación de los términos de la privatización le queda enorme”, expresó Mercedes de La Torre.
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“Hay gente que puede quedar sin casa, hay ramallenses que pueden morir por los pozos que genera el dragado y hay comerciantes que seguramente terminen de bajar sus persianas para siempre”, contaron ambientalistas a este diario.
La crítica más fuerte se la había llevado la falta de estudio de impacto ambiental, a lo que la respuesta fue que ya hay un estudio viejo realizado y no debería haber problema. Este medio pudo saber que se estaría realizando otro nuevo, con el fin de intentar conformar a los vecinos. Lo que sí se mandó fue un informe al Ejecutivo de Ramallo, explicando las posibles consecuencias que habría.
La explicación y responsabilidades
EL NORTE accedió al texto donde se plasmó que “los procesos de erosión que se suceden en la playa de Ramallo son consecuencias naturales y no del dragado”. En comunicación con el secretario de Desarrollo local, Roberto Borselli, este afirmó que “a nosotros también nos preocupa lo que está pasando en el río Paraná, por eso nos reunimos con la Administración General de Puertos y nos dejaron tranquilos con las respuestas. Nuestras consultas fueron evacuadas, ahora esperamos que no suceda nada extraño”.
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En cuanto a las responsabilidades, el experto en el tema y escritor de varios libros al respecto, Carlos del Frade, dijo que “por Constitución Nacional, las provincias adquieren el derecho y la obligación de cuidar todo lo que tiene que ver con lo medioambiental. Por lo cual, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires es el primer responsable y no puede mirar para otro lado”.
Por su parte, Oscar de Isasi, secretario general de ATE a nivel provincial, en su visita a San Nicolás por este tema, aseveró que “desde ya que el máximo responsable de que no haya soberanía es el Gobierno nacional y provincial también. Acá está en juego la posibilidad de que muchos argentinos tengan mejores condiciones de vida y el país pueda crecer”.
