Debate y polémica por la nueva ley de pena de muerte en Israel
NewsITe
El Parlamento de Israel (Knéset) aprobó una controvertida reforma legal que habilita la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por asesinatos de carácter terrorista. La norma, que ya genera fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y de sectores de la oposición, se aplicará principalmente en los territorios ocupados de Cisjordania.
La ley fue votada tras casi doce horas de debate y obtuvo 62 votos a favor y 48 en contra. Establece que los tribunales militares deberán imponer la pena capital a los palestinos residentes en Cisjordania condenados por asesinatos considerados terroristas, salvo en excepciones definidas de manera vaga en el propio texto. En esos casos, los jueces podrían optar por la cadena perpetua.
En paralelo, la reforma concede a los tribunales civiles que juzgan a ciudadanos israelíes un margen mucho mayor para aplicar penas alternativas, como la prisión perpetua, e impone requisitos adicionales para llegar a la pena de muerte. De este modo, expertos y activistas señalan que la ley consolida un esquema penal diferenciado según la condición y el lugar de residencia del acusado.
Apoyos políticos y fuertes cuestionamientos
El primer ministro Benjamín Netanyahu asistió al debate y votó a favor de la iniciativa, impulsada por el partido del ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir. Tras la aprobación, Ben Gvir celebró la votación y afirmó que se trata de “un día de justicia para las víctimas y de disuasión para nuestros enemigos”, advirtiendo que “quien elige el terrorismo, elige la muerte”.
Desde la oposición, la respuesta fue inmediata. El legislador Matti Sarfatti, del partido centrista Yesh Atid, calificó la norma como “populista, inmoral y no igualitaria”, y la tildó de “claramente inconstitucional”. Diversas organizaciones de derechos humanos sostienen que, en la práctica, la nueva legislación se aplicará casi exclusivamente a palestinos juzgados en tribunales militares, mientras que los ciudadanos israelíes continuarán siendo procesados en tribunales civiles con mayores garantías.
Alcance de la norma y críticas internacionales
La ley no tendrá efecto retroactivo y no se aplicará a las personas acusadas de participar en los ataques del 7 de octubre, para los cuales se discute un proyecto separado. No obstante, la reforma abre la puerta a que se reinstale en la práctica la pena capital en el país, una herramienta que Israel casi no ha utilizado desde su creación.
- La pena de muerte será, por defecto, la condena para palestinos de Cisjordania acusados de asesinato terrorista por tribunales militares.
- Los ciudadanos y residentes israelíes seguirán siendo juzgados en tribunales civiles, donde la aplicación de la pena capital será excepcional.
- Una cláusula permite la pena de muerte para quienes intenten “negar la existencia del Estado de Israel”, una definición cuestionada por su alcance y selectividad.
Organismos de derechos humanos señalan que la norma profundiza un sistema legal desigual entre palestinos de los territorios ocupados y ciudadanos israelíes.
En el plano internacional, la decisión se suma al clima de tensión regional y promete reavivar el debate global sobre la pena de muerte, el combate al terrorismo y el respeto al derecho internacional humanitario. Distintos analistas advierten que la medida podría incrementar la conflictividad en Cisjordania y complicar aún más los esfuerzos diplomáticos para encauzar el conflicto entre Israel y Palestina.
