IPA advierte una “crisis terminal” y pide una ley de emergencia
NewsITe
Industriales Pymes Argentinos (IPA) encendió una fuerte alarma sobre la situación del entramado productivo nacional al informar que las aperturas de concursos preventivos de empresas crecieron más de 130% en el último año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entidad advirtió que, de continuar esta tendencia, 2026 podría superar los niveles de crisis registrados durante la pandemia.
En un documento institucional, el presidente de IPA, Daniel Rosato, reclamó al Gobierno nacional la declaración de una emergencia económica específica para el sector Pyme, con el objetivo de evitar un “cierre acelerado y masivo de empresas”. El planteo fue dirigido al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al Congreso de la Nación, a quienes les pidió el tratamiento urgente de una ley que otorgue alivio financiero y protección judicial a las firmas en dificultades.
Rosato recordó que la entidad ya había advertido que este año podría alcanzarse el cierre de más de mil Pymes, pero sostuvo que el deterioro de la economía y el salto en los concursos preventivos demuestran que el impacto real sobre la producción es aún más grave. Además, remarcó que los datos difundidos hasta el momento corresponden sólo a la Capital Federal, por lo que resta dimensionar la crisis en el resto del país.
Un entramado productivo bajo fuerte presión
El presidente de IPA brindó detalles del contexto junto al titular del Departamento de Legales de la entidad, Germán Pizzano. De acuerdo con el área legal, entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas a nivel nacional, un proceso que tuvo como correlato la pérdida de la cobertura del sistema de riesgos del trabajo para 327.813 trabajadores.
Pizzano advirtió que la combinación de recesión, caída del mercado interno y presiones financieras derivó en un incremento casi explosivo de los procesos concursales. Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, en 2025 se abrieron 190 concursos preventivos, frente a 82 registrados en 2023, lo que representa una suba del 131,71%. En el primer trimestre judicial de 2026 (febrero, marzo y abril) ya se contabilizaron 92 nuevos procesos, superando el nivel anual de varios de los años previos.
El informe de IPA subraya que la contracción productiva derivó en un grave proceso de desinversión. La inversión extranjera directa muestra un saldo negativo “histórico y sin precedentes”, siendo la primera vez en 22 años que se registra una salida neta de capital de esta magnitud. En este marco, varias multinacionales abandonaron el país y numerosas empresas locales intentan sobrevivir cambiando su modelo de negocios, reconvertidas en importadoras en un escenario de dólar barato y apertura económica.
Impacto judicial, capacidad ociosa y pérdida de empleo
La crisis del sector Pyme también tiene un fuerte correlato judicial. IPA remarcó que, durante el período pico de la pandemia, se ejecutaron 106 concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires, cifra que quedó ampliamente superada por los 190 procesos abiertos el año pasado. La entidad alertó además que, en el primer trimestre judicial de 2026, se registraron más concursos que en cualquiera de los años comprendidos entre 2021 y 2024 considerados de manera individual.
El documento advierte que el aumento de concursos y cierres arrastra una “incalculable pérdida de capital”, con bienes de uso inactivos y una capacidad ociosa que ronda el 40,2%. Sin embargo, IPA resalta que el mayor costo no es el contable, sino el social: el cierre de fábricas implica la pérdida directa e indirecta de miles de puestos de trabajo y afecta de manera negativa a proveedores, comunidades y al conjunto de la cadena productiva.
“No hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, señaló Daniel Rosato, presidente de IPA.
El pedido de una legislación de emergencia para frenar las quiebras
Frente a este panorama, IPA propone una salida apoyada en el denominado Derecho de la Emergencia. La organización impulsa la aprobación de una normativa similar a la Ley 25.563, que permita suspender ejecuciones hipotecarias y prendarias, extender los períodos de exclusividad en los concursos y facilitar el acceso a soluciones preventivas para las Pymes.
Según explicó Pizzano, el objetivo es implementar un “remedio paliativo y transitorio” que permita a las empresas recuperar capital de trabajo y ganar tiempo hasta que el ingreso por ventas totales vuelva a superar los costos de producción. Esa herramienta legal debería estar acompañada por un cambio de rumbo en la política económica que favorezca la reactivación del mercado interno, la recuperación del empleo, el salario real y el consumo masivo.
IPA concluye que, sin una respuesta rápida del Gobierno y del Congreso, la combinación de crisis productiva, presión financiera y saturación judicial podría derivar en una ola de quiebras con consecuencias profundas para el tejido industrial argentino y para miles de familias que dependen del trabajo Pyme en todo el país.
