Exempleados de la firma Rey Distribución, vinculados a la causa por extorsión y turbación de la posesión junto con los sindicalistas camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, pidieron ser sobreseídos. Basan la petición en el transcurso del tiempo máximo de duración de la pena prevista para el delito por el que están acusados sin ser juzgados. La elevación a juicio había sido apelada y sigue pendiente de resolución.
De la redacción de EL NORTE
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El letrado particular de los trabajadores implicados en la causa contra Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por turbación de la posesión y extorsión presentó en las últimas horas un pedido de prescripción que ponga fin al proceso respecto de los exempleados de la firma Rey Distribución y el consiguiente sobreseimiento de sus defendidos. Fundamenta la solicitud en que se encuentra vencido el plazo máximo de la pena que correspondería para el delito en el que están imputados sin que se los haya juzgado. El pedido, presentado por el abogado Gabriel Ruiz ante el Juzgado de Garantías N° 3, sostiene que los trabajadores Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez y Lucas Torres, quienes están imputados bajo la figura de “usurpación” que prevé en su máximo una pena de 3 años, deben ser sobreseídos ya que se encuentran vinculados al proceso desde el 22 de abril de 2022. De hacerse lugar a esta solicitud, se podrían ver beneficiados también Cabaleyro y Espíndola en cuanto a esta acusación en particular.
El 8 de abril pasado se cumplieron tres años desde la detención de los dirigentes camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola acusados de extorsión, coacción y turbación de la posesión de la firma Rey Distribución de San Pedro. La causa se había iniciado por una denuncia presentada por los propietarios de la empresa en enero de 2021.
Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro (quien además de sindicalista era concejal del Frente de Todos) fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, el beneficio de arresto domiciliario a mediados de 2023. Los otros imputados, seis exempleados de Rey Distribución, Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez y Lucas Torres, están en libertad pero sujetos al proceso. La elevación a juicio sufrió varios reveses judiciales y finalmente fue confirmada en diciembre del año pasado, lo que también fue recurrido ante Casación por el abogado Mauricio Gugger, defensor de los líderes sindicales, y está pendiente de resolución.
El origen
El caso se conoció en octubre de 2021 cuando se difundió un video de un hombre llorando dentro de su galpón, mientras relataba los problemas que tenía para trabajar. Esto hizo que el Movimiento Empresarial Antibloqueo intervenga e impulse la presentación judicial por bloquear a la empresa Rey Distribución.
Gustavo Rey, dueño de la firma, explicó en ese momento que desde el gremio le pedían coimas para poder trabajar y en algunos casos, un monto fijo de dinero por mes. “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones un poco más. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”, había explicado el empresario. “Al desistir de ello comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró en ese momento.
La investigación entonces quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº 7 de San Pedro, quien los acusó por delitos como turbación de la posesión por el bloqueo en concurso ideal con coacción (dos hechos), extorsión y extorsión en grado de tentativa, todos ellos en concurso real. Delitos cuya pena en expectativa oscila entre los 5 y los 25 años de prisión, de cumplimiento efectivo.
Uno de los hechos por los que están imputados Cabaleyro y Espíndola ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando bloquearon la entrada y salida de vehículos de la firma ubicada en San Pedro, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial. Según la acusación, una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo motorhome del sindicato frente al portón de ingreso del estacionamiento. Ese bloqueo duró desde el 22 al 26 de febrero de 2022.
Sostienen también que cuando Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito, desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la empresa, se dirigió en una camioneta Volkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito. El gremio alegó en ese momento que la empresa adeudaba dinero al sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no pudo ser probada por la Justicia, que requirió información a la AFIP, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la cartera de Trabajo bonaerense.
Conforme a la denuncia, como resultado de los aprietes por no bloquear las plantas Cabaleyro y Espíndola habrían recibido en nombre del sindicato dinero en dos cuotas. La primera entrega, de 203.838 pesos, se hizo en efectivo en una caja de galletitas Chocolinas y un cheque por la suma de 102.999 pesos. El restante se pagó en dos cheques por 355.583 pesos cada uno. Es por haber cobrado ese dinero que se les imputó a los dos detenidos el delito de extorsión. En el expediente se encuentra un registro audiovisual aportado por los denunciantes que muestra a miembros de la familia Rey juntando y guardando los montos de dinero para pagarle al sindicato.
En noviembre del año pasado, el abogado de los trabajadores había solicitado el sobreseimiento de sus defendidos por considerar que había caducado la instancia al haber transcurrido más de dos años desde que los imputados principales estuvieran bajo prisión preventiva sin que se realizara el juicio. El pedido fue rechazado y el proceso se mantuvo en curso.
