Denuncia judicial sacude el negocio de las fotomultas en la Provincia
NewsITe
El sistema de fotomultas en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires quedó bajo la lupa de la Justicia federal tras una denuncia que expone una presunta trama de coimas, lavado de dinero y desvío de fondos públicos. La presentación, radicada en los tribunales de Comodoro Py, apunta a empresarios, funcionarios nacionales y provinciales, así como a un nexo académico que habría facilitado las contrataciones.
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El fiscal federal Guillermo Marijuan señaló como principales implicados a Leandro Camani, titular de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., y a Diego Kampel, secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Según el expediente, Kampel habría funcionado como puente institucional para la firma de convenios entre municipios bonaerenses y la universidad, que luego derivaban en contrataciones privadas sin proceso de licitación.
De acuerdo con la denuncia, el mecanismo eludía las licitaciones públicas a través de acuerdos marco entre las comunas y la UNSAM. A partir de esos convenios, una fundación vinculada a la casa de estudios recibía los fondos y contrataba de manera directa a empresas prestadoras del servicio de fotomultas. Esa triangulación permitía concentrar hasta el 70% de lo recaudado en manos de intermediarios, mientras que los municipios solo percibían una porción menor de las multas.
El escrito también apunta a la presunta participación de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del actual ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, en maniobras ligadas a la habilitación de radares de control de velocidad a cambio de pagos indebidos. La operatoria se habría complementado con el uso de facturación apócrifa y empresas fantasma para generar dinero en efectivo destinado, según la sospecha, al pago de coimas.
La causa se inscribe en un escenario de creciente cuestionamiento al negocio de las multas de tránsito en la Argentina. En paralelo avanza otra investigación que tiene en la mira al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos, en un contexto donde los sistemas automatizados de control vial representan ingresos millonarios para el sector público y privado.
Fuentes judiciales indicaron que, según los datos recopilados, al menos una docena de municipios habrían participado de los convenios ahora cuestionados. Entre ellos figuran distritos de peso político y poblacional como La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Morón y Zárate. En uno de los casos, la recaudación por fotomultas habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año, lo que dimensiona el volumen económico del esquema puesto bajo sospecha.
Los pasos que analiza la Justicia federal
El expediente quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien deberá resolver en los próximos días qué medidas de prueba ordenará para reconstruir el circuito del dinero. Entre las alternativas que evalúa se encuentran allanamientos en dependencias públicas y privadas, el levantamiento del secreto bancario y el análisis de los flujos de fondos que pasaron por la universidad y las empresas implicadas.
Fuentes vinculadas a la investigación no descartan que, a partir del seguimiento de las cuentas y de la documentación comercial, se amplíe el número de imputados y de municipios alcanzados por la pesquisa. La expectativa en los tribunales es que la causa permita esclarecer hasta qué punto la tercerización del servicio de fotomultas derivó en un uso discrecional de recursos públicos y en el cobro de retornos ilegales.
- El fiscal Marijuan apunta a una triangulación entre municipios, universidad y empresas privadas.
- Hasta el 70% de lo recaudado por multas habría quedado en manos de intermediarios.
- Se investigan posibles coimas vinculadas a la habilitación de radares y sistemas de control.
- Al menos una docena de municipios bonaerenses figuran en los convenios bajo sospecha.
La causa vuelve a poner en discusión la transparencia de los sistemas de fotomultas y la necesidad de controles más estrictos sobre los convenios entre el Estado, universidades y empresas privadas.
Mientras avanza la investigación, en los municipios mencionados crecen las incógnitas sobre el futuro de los convenios vigentes y el destino de los fondos ya recaudados. La resolución del caso podría impactar no solo en el mapa político bonaerense, sino también en el diseño de futuras políticas de seguridad vial y en la forma en que se contratan estos servicios en todo el país.
