Investigan el destino de $16.500 millones en Frigorífico General Pico
NewsITe
El Frigorífico General Pico, una de las firmas cárnicas más relevantes de La Pampa, quedó en el centro de una fuerte controversia judicial y societaria tras detectarse que destinó alrededor de $16.500 millones al financiamiento de LDL, una empresa vinculada a la familia Lowenstein y dedicada al negocio equino, en momentos en que atravesaba una delicada situación financiera.
De acuerdo con documentación incorporada al concurso preventivo que tramita ante el juez Carlos María Iglesias, los fondos salieron de la caja del frigorífico hacia una sociedad cuyos dueños integraban simultáneamente la administración de Frigorífico General Pico. La maniobra abre serios interrogantes sobre un posible conflicto de intereses y sobre el impacto que estas operaciones habrían tenido en el deterioro patrimonial de la compañía.
El período bajo análisis se caracteriza por un alto nivel de tensión financiera: la empresa necesitaba recursos para comprar hacienda, sostener la producción, pagar salarios y atender deudas con proveedores, bancos y otros acreedores. Mientras tanto, muchos proveedores aceptaban extender plazos, las entidades financieras mantenían líneas de crédito y los acreedores aguardaban el cobro de sus acreencias.
En ese contexto, el desvío de unos $16.500 millones hacia LDL aparece como un movimiento clave para reconstruir cómo se administraron los recursos del frigorífico en la etapa previa a la presentación en concurso preventivo. La Justicia busca determinar si esas operaciones generaron algún beneficio real para la compañía o si, por el contrario, implicaron un vaciamiento en perjuicio de terceros.
Transferencia de acciones y concurso personal
Otro capítulo central de la crisis es la salida accionaria de la familia Lowenstein de Frigorífico General Pico. En julio, los Lowenstein transfirieron la totalidad de su participación a un tercero y, apenas catorce días más tarde, Alan Lowenstein solicitó su propio concurso preventivo personal.
Poco después, la Asamblea de accionistas del frigorífico resolvió rechazar el balance correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, desaprobar la gestión del Directorio anterior y bloquear el pago de unos $2.000 millones en concepto de honorarios. Al mismo tiempo, los exadministradores quedaron bajo la lupa de una causa penal por presunta administración fraudulenta y balance falso.
En el marco de esa investigación ya se recibieron declaraciones testimoniales y se concretó un allanamiento en la planta ubicada en Trenel, provincia de La Pampa. Allí, la Justicia secuestró documentación contable y administrativa con el objetivo de profundizar el análisis de las operaciones financieras realizadas en los últimos años.
Disputa por la conducción y futuro de la empresa
A la pesquisa penal se suma una fuerte disputa por el control de la compañía. La última Asamblea de accionistas decidió remover a las anteriores autoridades y designar una nueva administración, con la premisa de ordenar las cuentas, encauzar el concurso preventivo y preservar las fuentes laborales en la región.
Según surge del expediente, el juez Iglesias fue notificado de la convocatoria y del orden del día de esa Asamblea, que contó con la presencia de una veedora designada en el marco del proceso concursal, dos inspectores de la Dirección de Personas Jurídicas de La Pampa y un escribano público que certificó lo actuado. Pese a ello, la nueva conducción todavía no logró asumir de manera efectiva el control del frigorífico.
- El desvío de unos $16.500 millones hacia LDL se investiga como uno de los movimientos económicos más relevantes del período previo al concurso.
- La exadministración enfrenta cargos por presunta administración fraudulenta y la Asamblea rechazó el balance y los honorarios.
- La disputa por la conducción sigue abierta mientras la Justicia analiza documentación secuestrada en la planta de Trenel.
“La aparición de operaciones con sociedades vinculadas es clave para determinar qué ocurrió con el patrimonio del Frigorífico General Pico en los meses previos al concurso preventivo”, señalan fuentes judiciales consultadas.
El caso ingresa así en una instancia decisiva: el resultado de la causa penal y de la disputa societaria definirá no solo el futuro del Frigorífico General Pico, sino también el horizonte laboral de cientos de trabajadores y la continuidad de una planta estratégica para la economía regional de La Pampa.
