La Justicia apunta a maniobras de obstrucción en la financiera ligada a la AFA
NewsITe
La Justicia federal investiga una presunta maniobra de obstrucción de pruebas en el Grupo Sur Finanzas, la financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sospechada de operar en el mercado cambiario informal y de canalizar posibles maniobras de lavado de activos. El juez federal Tomás Rodríguez Ponte puso el foco en una serie de comunicaciones internas previas y simultáneas a los allanamientos, en las que se habrían dado instrucciones para eliminar registros informáticos, cámaras de seguridad y documentación sensible.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, basada en chats y mensajes entre empleadas, asesoras y personal de sistemas, las advertencias comenzaron días antes de los operativos. El 28 de noviembre, tras una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la organización ARCA por presunto lavado de activos, una de las empleadas consultó si estaba ocurriendo “algo raro” en la firma. La respuesta interna fue que se trabajaba solo con operaciones “en blanco” y que el resto permanecía resguardado, lo que para el juzgado configura una primera señal de alarma.
La actividad se intensificó durante la madrugada del allanamiento. Según surge del expediente, la secretaria personal del financista Ariel Vallejo, Daniela Sánchez, indicó cerca de la 1.30 retirar de forma anticipada las ganancias acumuladas en cajas. Poco después, la asesora en normativa del Banco Central (BCRA), Susana Hoffman, pidió al área de sistemas ingresar a las computadoras de los cajeros para desconectar programas. Aunque luego declaró que buscaba desinstalar aplicaciones personales no permitidas, como WhatsApp o Instagram, el juzgado cuestionó el horario y el contexto en que se realizó ese pedido.
Chats, cámaras y efectivo: el mapa de las maniobras bajo sospecha
En otro punto clave de la causa, la Justicia destaca un mensaje enviado a las 2.57 por la misma secretaria, en el que ordenó “borrar todas las cámaras”. Para el juez Rodríguez Ponte, este tipo de instrucciones integra un “protocolo” informal que habría tenido por finalidad obstaculizar el accionar judicial y eliminar posibles evidencias sobre movimientos de dinero y el funcionamiento interno de la financiera.
Paralelamente a la presunta limpieza digital, el expediente describe movimientos físicos en distintas sucursales del Grupo Sur Finanzas, entre ellas Adrogué Chico y Banfield. Allí se habría retirado la mayor parte del efectivo disponible, dejando montos menores a modo de fachada. Días después de los primeros operativos, el 2 de diciembre, el portavalor de la firma, Juan Ramón Cervín, coordinó el traslado y ocultamiento de tres camionetas de la empresa. Y el 3 de diciembre, otra secretaria de Vallejo, Nahiara Gamarra, instruyó a un técnico informático para “limpiar bien” su computadora con la frase: “borrá todo, sí”.
Descargos de los imputados y foco en el negocio cambiario
En sus declaraciones ante la Justicia, las empleadas y colaboradores imputados rechazaron las acusaciones. Las secretarias y la cajera señalaron que no tenían capacidad de decisión sobre las operaciones financieras ni sobre la gestión de sistemas, mientras que el portavalor sostuvo que desconocía que mover vehículos pudiera ser interpretado como una maniobra de encubrimiento. Fuentes cercanas a Vallejo también negaron que hubiera impartido órdenes para destruir pruebas o alterar registros.
Más allá de los descargos, la investigación judicial apunta al corazón del negocio del Grupo Sur Finanzas, que incluía compraventa de divisas, otorgamiento de préstamos y la billetera virtual Sur Finanzas PSP. La fiscalía y el juzgado sospechan que la casa de cambio Centro de Inversiones Concordia habría vendido dólares en el mercado paralelo a terceros no autorizados, con ingresos por más de $4.040 millones en 2022 frente a ventas declaradas por alrededor de $2.440 millones.
- Presunto desvío de operaciones al mercado cambiario informal.
- Diferencias significativas entre ingresos registrados y ventas declaradas.
- Utilización de presuntos testaferros sin capacidad económica acreditada.
La Justicia considera que la comercialización informal de divisas podría constituir el delito precedente para el lavado de activos, presuntamente canalizado mediante personas sin respaldo patrimonial demostrable.
Ariel Vallejo, que cumple prisión domiciliaria mientras avanza el expediente, negó la existencia de una red de lavado y defendió la legalidad de sus operaciones en pleno cepo cambiario. El juez Rodríguez Ponte aguarda ahora un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo), que deberá trazar el recorrido de los flujos contables, los préstamos y los patrocinios que habrían vinculado a Sur Finanzas con distintos clubes del fútbol argentino. De esos peritajes dependerá el futuro procesal del financista y de su círculo más cercano.
