Investigan una organización que simulaba ingresos al Servicio Penitenciario
NewsITe
La Justicia platense investiga presuntas estafas cometidas por una banda que se habría hecho pasar por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para ofrecer empleos inexistentes. La causa, tramitada en la Fiscalía en turno Nº8 de La Plata, ya reúne decenas de denuncias de personas que aseguran haber sido engañadas con la promesa de un puesto fijo en el organismo provincial.
De acuerdo con el expediente, la maniobra se habría extendido durante los últimos meses y, según relataron los denunciantes, alcanzaría a más de 200 personas. Muchos de ellos, confiados en la supuesta seriedad de la convocatoria, llegaron incluso a renunciar a sus trabajos actuales para preparar su ingreso al SPB, que nunca se concretó.
En el centro de las acusaciones aparece una mujer identificada como Macarena Sánchez, señalada por las víctimas como la presunta responsable de coordinar el falso proceso de selección. La imputada se presentaba, siempre según los testimonios, como jefa de un área del Servicio Penitenciario y aseguraba tener la facultad de gestionar el ingreso de nuevos agentes.
Como parte del supuesto trámite de incorporación, la sospechosa habría solicitado a los postulantes una gran cantidad de documentación personal sensible: DNI, constancia de CUIL, certificados de estudios, certificados de antecedentes penales, partidas de nacimiento y domicilios reales, entre otros datos. Esa información quedaba en manos del grupo investigado, sin que existiera un expediente oficial que respaldara el proceso.
Entrenamientos, reuniones virtuales y más personas involucradas
Las denuncias incorporadas al expediente indican que el presunto engaño no se limitó al pedido de papeles. Los aspirantes eran obligados a realizar trabajos prácticos, entrenamientos físicos en espacios públicos y reuniones virtuales periódicas, bajo la amenaza de quedar fuera de la selección si no cumplían con las consignas. Todo esto buscaba reforzar la apariencia de un concurso formal de ingreso al SPB.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que Sánchez no habría actuado sola. En la causa también aparecen mencionados presuntos colaboradores identificados como Mauro Paz, Ezequiel Papeti —quien se presentaría como instructor— y Jonathan García, que se habría hecho pasar por oficial penitenciario. Los denunciantes sostienen que este grupo manejaba con soltura datos personales y antecedentes de los postulantes, lo que aumentaba la credibilidad del ardid.
El caso fue denunciado formalmente en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la Fiscalía en turno Nº8. La calificación provisoria es de presunta estafa y posible uso indebido de cargos públicos, aunque no se descarta que, con el avance de la pesquisa, se sumen nuevas figuras penales.
Pruebas en la causa y llamado a extremar recaudos
Los investigadores ya cuentan con fotos, videos, capturas de pantalla de conversaciones y diversa documentación que respaldaría los relatos de las personas afectadas. En los próximos días, un grupo de damnificados tiene previsto presentarse nuevamente en la DDI La Plata para ampliar sus testimonios y aportar más elementos probatorios, con el objetivo de identificar con precisión los roles de cada uno de los implicados.
- Más de 200 personas habrían sido alcanzadas por la presunta maniobra.
- Se habrían pedido datos personales sensibles sin respaldo administrativo.
- La causa está en manos de la Fiscalía Nº8 de La Plata, a cargo de Martín Almirón.
Desde el entorno de los denunciantes remarcan que hacer pública la situación busca prevenir que otras personas caigan en propuestas similares y, a la vez, alentar a quienes hayan sido contactados por el grupo a que se presenten ante la Justicia.
En ese sentido, las fuentes consultadas insisten en la importancia de no entregar documentación ni datos sensibles sin verificar la legitimidad de las convocatorias mediante canales oficiales, como páginas web del Estado, líneas de atención institucionales o consultas directas en las sedes de los organismos. Ante cualquier sospecha de engaño, recomiendan radicar la denuncia de inmediato en fiscalías, comisarías o dependencias especializadas en delitos económicos.
