La Provincia suspende a PRESTOSERVICE por presuntas irregularidades
NewsITe
El Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la polémica. En el municipio de 25 de Mayo, las autoridades provinciales resolvieron suspender de manera preventiva a la firma PRESTOSERVICE S.R.L., luego de detectar presuntas irregularidades en la entrega de alimentos y en la documentación presentada ante el Consejo Escolar local.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este medio, la medida se tomó en paralelo al avance de actuaciones administrativas y de una investigación judicial que busca determinar si existieron maniobras vinculadas a remitos, facturación y posible adulteración de documentos. El expediente cobró relevancia tras la aparición de múltiples inconsistencias en la prestación del servicio destinado a comedores escolares.
El eje de la revisión estuvo en la diferencia entre los productos solicitados por las escuelas, los alimentos que efectivamente habrían sido entregados y los montos facturados por la empresa. Esa brecha entre lo que figura en los papeles, lo que llegó a los establecimientos y lo que se pagó desde el Estado provincial derivó en la intervención de los organismos de control.
Los números del expediente resultan elocuentes: sobre un total de 92 instituciones educativas alcanzadas por el servicio, solo se registraron 51 remitos de entrega. Dentro de esa documentación relevada, el 18% presentaba anomalías que llamaron la atención de los investigadores y de las áreas administrativas encargadas del seguimiento del SAE.
Con estos datos, los equipos técnicos concluyeron que la operatoria podría haber generado un perjuicio económico cercano a los 3 millones de pesos. Este posible daño al erario público aceleró la decisión de suspender preventivamente a la empresa y de revisar de manera integral el vínculo contractual entre PRESTOSERVICE S.R.L. y el Estado provincial.
Alerta por el control sobre los alimentos escolares
El caso trasciende a un proveedor en particular y vuelve a exponer un problema de fondo: la trazabilidad del alimento que llega a los comedores escolares y el nivel de control efectivo sobre un programa que tiene impacto directo en miles de chicos y chicas que dependen del SAE para acceder a una alimentación adecuada.
En la Provincia admiten que la situación obliga a reforzar los mecanismos de auditoría y a profundizar la coordinación con los Consejos Escolares para garantizar que cada ración declarada sea realmente entregada. También se analizan posibles cambios en los procesos de contratación y supervisión, con el objetivo de reducir márgenes para maniobras irregulares.
- 92 escuelas alcanzadas por el servicio en 25 de Mayo.
- Solo 51 remitos registrados y anomalías en el 18% de ellos.
- Posible perjuicio económico estimado en alrededor de $3 millones.
La investigación administrativa y judicial apunta a determinar responsabilidades y a asegurar que los recursos destinados a la alimentación escolar se utilicen de manera transparente y eficiente.
Mientras avanza la causa, las autoridades provinciales deberán garantizar la continuidad del servicio alimentario en las escuelas de 25 de Mayo, ya sea con nuevos proveedores o mediante mecanismos de emergencia, para que las presuntas irregularidades no se traduzcan en un impacto directo sobre los estudiantes.
