Acusan al exdiputado por financiar una campaña en redes con dinero del Congreso
NewsITe
El exdiputado nacional por Salta Emiliano Estrada quedó en el centro de una investigación judicial por el presunto uso de recursos del Congreso de la Nación para financiar una campaña anónima en redes sociales. La pesquisa se concentra en la creación y el sostenimiento de cuentas en TikTok destinadas, según la denuncia, a difundir contenidos difamatorios y noticias falsas contra funcionarios públicos, empresarios y periodistas.
La presentación fue radicada el 16 de enero de 2025 ante la Justicia federal y atribuye a Estrada la utilización de fondos estatales para pagar a asesores legislativos que, en lugar de cumplir sus tareas vinculadas a la función pública, habrían trabajado en el diseño y la ejecución de esa campaña digital. La acusación se encuadra en el delito de peculado, que sanciona el uso indebido de bienes o dinero del Estado por parte de funcionarios.
De acuerdo con el texto de la denuncia, las cuentas anónimas en TikTok tenían como objetivo instalar mensajes agresivos y descalificatorios, con información presentada como veraz pero que, según los denunciantes, sería falsa o engañosa. Las publicaciones apuntaban a figuras políticas, actores del sector privado y comunicadores, en un contexto de fuerte polarización en la arena pública, tanto a nivel nacional como en la provincia de Salta.
En los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, el expediente quedó a cargo del Juzgado Federal N° 7, conducido por el juez Sebastián Casanello. El magistrado interviene luego de que se saldaran los conflictos de competencia que habían surgido durante el trámite inicial de la causa, en la que se discutía qué fuero debía intervenir y desde qué jurisdicción encarar la investigación.
Dos investigaciones en paralelo por la presunta campaña de difamación
Mientras avanza la pesquisa en la órbita federal por el posible uso irregular de fondos públicos, la Justicia provincial de Salta mantiene una causa paralela. Allí se indaga específicamente la supuesta campaña de difusión de noticias falsas, difamatorias e infamantes contra adversarios políticos y otras figuras relevantes de la vida pública salteña.
Según se desprende de las actuaciones, la trama investigada incluiría el diseño de una estrategia de comunicación agresiva, la creación de perfiles anónimos, la elaboración de contenidos audiovisuales y su segmentación para llegar a distintos públicos. El rol de los asesores legislativos, presuntamente financiados con partidas del Congreso, es uno de los puntos clave que intenta esclarecer la Justicia.
- La denuncia fue presentada el 16 de enero de 2025 ante la Justicia federal.
- Se investiga a Estrada por presunto peculado y desvío de recursos del Congreso.
- Dos asesores legislativos habrían sido afectados a tareas de campaña digital.
- Las publicaciones apuntaban contra políticos, empresarios y periodistas.
- En Salta se tramita, además, una causa provincial por difamación en redes.
El caso llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz de una discusión sobre la competencia del expediente. Sin embargo, el máximo tribunal resolvió no pronunciarse sobre el fondo de la investigación, al considerar que la cuestión planteada había quedado “inoficiosa” una vez reorganizado el trámite en los distintos fueros.
Las causas por presunta utilización de fondos públicos para financiar operaciones en redes sociales vuelven a poner bajo la lupa el uso de recursos estatales y la transparencia en el funcionamiento del Congreso.
Por el momento, la investigación se encuentra en etapa preliminar, centrada en la recopilación de documentación, el análisis de contratos y la identificación de la operatoria digital denunciada. De avanzar, el expediente podría derivar en citaciones a declaración indagatoria y eventuales procesamientos. La evolución de la causa será seguida de cerca, tanto en el ámbito político como en el judicial, por el impacto que puede tener en el debate sobre el financiamiento de las campañas y el uso de las redes sociales en la disputa pública.
