Acusan a letrados de desapoderar a una joven de su indemnización
NewsITe
La Justicia de Tucumán investiga a los abogados Alfredo y Silvia Aydar por una grave denuncia penal que los señala por presunta estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada en perjuicio de una joven de 21 años, víctima de abuso sexual. El caso se tramita en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4, a cargo del fiscal Carlos Saltor, y mantiene bajo estricta reserva la identidad de la denunciante para proteger su intimidad y evitar su revictimización.
Según surge del expediente, la joven había obtenido una reparación integral en el marco de una causa penal por abuso sexual. Como parte de ese acuerdo, se le entregó una camioneta Ford Ranger 4×4 modelo 2023, valuada en torno a los 50 millones de pesos. Ese vehículo fue luego vendido por unos 33,5 millones de pesos a un allegado de Alfredo Aydar, operación que, de acuerdo con la denuncia, habría sido el punto de partida de una maniobra para quedarse con el dinero correspondiente a la víctima.
La investigación apunta a que, una vez concretada la venta —según se indicó, a fines de 2025—, el dinero quedó bajo el control de los letrados. La joven declaró que fue inducida a entregar el efectivo en un contexto de fuerte vulnerabilidad emocional. En su testimonio, señaló que el principal acusado le desaconsejó depositar los fondos en el banco, al advertirle sobre un posible retorno del “corralito” y acerca de supuestos riesgos de seguridad vinculados a su lugar de residencia.
Para la Fiscalía, esos argumentos habrían servido para generar temor y dependencia, configurando un presunto ardid de manipulación psicológica. De esta manera, la víctima habría cedido el control total de su patrimonio a los abogados, sin contar con asesoramiento independiente ni documentación que resguardara sus derechos sobre la millonaria indemnización.
Irregularidades en el manejo de fondos y posible causa federal
Uno de los ejes centrales del expediente es el destino del dinero. En la causa se incorporaron audios y conversaciones en los que Alfredo Aydar admitiría haber colocado los fondos en supuestos préstamos a terceros en la provincia de Santiago del Estero, con una promesa de interés mensual del 2,5%. Sin embargo, una auditoría preliminar detectó múltiples irregularidades: no se habrían encontrado contratos escritos, garantías, ni identificación precisa de los prestatarios, ni constaría autorización formal de la joven para realizar esas operaciones.
Estas características abrieron una línea de análisis vinculada a una posible intermediación financiera no autorizada. De acreditarse, la situación podría derivar en una investigación paralela en el fuero federal, dado que se trataría de movimientos de dinero efectuados sin el aval del Banco Central, al margen de los canales formales y sin controles.
Allanamientos, antecedentes y perfil público del abogado
A partir de la presentación penal, la Justicia ordenó allanamientos en el estudio jurídico y en el domicilio particular de los acusados. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y diversa documentación que será analizada para reconstruir la ruta del dinero. Paralelamente, se dispusieron medidas de protección para la víctima y su entorno, ante el riesgo de eventuales represalias.
Los abogados negaron las acusaciones y, en declaraciones a medios locales, atribuyeron la denuncia a motivaciones ajenas al caso. Pese a ello, el expediente se encuentra en plena etapa inicial de recolección de pruebas y podría complejizar aún más la situación procesal de Alfredo Aydar, quien adquirió notoriedad nacional como querellante en la megacausa “Adhemar Bacchiani”, vinculada a una presunta estafa piramidal con criptomonedas que involucra a miles de damnificados.
- En Catamarca, Aydar también afronta causas por presunto prevaricato y amenazas, ligadas a la megacausa Bacchiani.
- Medios provinciales han consignado cuestionamientos a su actuación y tensiones con otros actores judiciales.
La nueva denuncia vuelve a poner en discusión cómo se administran las indemnizaciones en causas penales y qué mecanismos de control existen para proteger a víctimas en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, el avance de la causa en Tucumán será clave para determinar si existió una maniobra fraudulenta y para establecer eventuales responsabilidades penales. El análisis de los dispositivos secuestrados, las pericias contables y la posible incorporación de nuevos testimonios serán determinantes para definir el futuro procesal de los abogados imputados.
