Reclamo judicial por el vaciamiento del área de control del INTI

NewsITe
El Gobierno Nacional enfrenta una nueva controversia judicial a partir de una intimación presentada para que deje sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La norma, publicada recientemente, dispone la desarticulación del Programa de Metrología Legal, el área encargada de controlar y regular instrumentos de medición clave en la vida cotidiana, como surtidores de combustible, balanzas comerciales, alcoholímetros e instrumentos médicos.
La acción fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la decisión de la gestión de Javier Milei y la vincula con una política general de desestatización y posible privatización de funciones estratégicas. Desde el sindicato sostienen que la resolución implica un vaciamiento de una de las áreas más sensibles del INTI, con impacto directo tanto en el empleo como en la protección de los consumidores.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que la medida “no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo”, sino que también “atenta contra la seguridad” de la población en su conjunto. Según el dirigente, la eliminación del Programa de Metrología Legal encubre “un claro intento de privatización” y se inscribe en un esquema donde “casualmente son atacadas todas las funciones de control y fiscalización del Estado”.
En ese sentido, Aguiar señaló que es previsible que se registren “consecuencias graves y concretas” en el funcionamiento cotidiano de empresas y comercios, ya que el control público sobre la correcta medición de pesos, volúmenes y otros parámetros pasaría a quedar debilitado o directamente sin supervisión. Esto podría derivar en conflictos comerciales, desconfianza de los usuarios y un terreno fértil para posibles abusos.
Qué es el Programa de Metrología Legal y por qué es clave
El Programa de Metrología Legal del INTI tiene como misión garantizar que los instrumentos de medición que se utilizan en actividades comerciales, industriales y de control estatal funcionen dentro de márgenes de precisión establecidos por normas nacionales e internacionales. Se trata de un sistema técnico que respalda la certeza de que, por ejemplo, un kilo en una balanza de supermercado sea efectivamente un kilo, o que un litro de combustible en un surtidor responda al volumen indicado.
Entre sus tareas habituales se encuentran la verificación periódica de balanzas comerciales, la aprobación de modelos de instrumentos de medición, el control de alcoholímetros utilizados en exámenes de alcoholemia y la certificación de cinemómetros, equipos que permiten registrar excesos de velocidad y fotomultas. También interviene en dispositivos médicos, donde la exactitud de las mediciones puede resultar determinante para diagnósticos y tratamientos.
Advertencias de ATE y posible impacto en la ciudadanía
Desde ATE alertaron que, a partir de la disposición oficial, el sector del INTI vinculado a Metrología Legal dejaría de realizar la aprobación de modelos y la certificación del correcto funcionamiento y medición de estos instrumentos. En la práctica, significaría que las empresas podrían operar con menor o nulo control estatal sobre la veracidad de las mediciones que ofrecen a los usuarios.
- Riesgo de pérdida de precisión en balanzas y surtidores de combustibles.
- Debilitamiento de controles en alcoholímetros y cinemómetros utilizados en controles viales.
- Incertidumbre en instrumentos médicos que requieren alta confiabilidad.
“Parece increíble. Nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que, en los surtidores de nafta, un litro no sea realmente un litro”, expresó Aguiar, al graficar el escenario que teme el gremio.
Mientras la Justicia analiza el pedido de intimación, el debate vuelve a poner en el centro el rol del Estado en las tareas de control y fiscalización, así como los límites de las políticas de ajuste y privatización en áreas vinculadas directamente con la seguridad, la transparencia comercial y los derechos de los consumidores.

