Intiman al Gobierno por la desarticulación del área clave del INTI
NewsITe
El Gobierno nacional fue intimado judicialmente para dejar sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que reestructura y, en los hechos, desarticula el Programa de Metrología Legal, un área estratégica encargada de controlar instrumentos de medición utilizados a diario por la población y por las empresas.
La presentación fue realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona el rumbo de la gestión de Javier Milei en materia de organismos públicos y denuncia que la medida forma parte de un proceso más amplio de desestatización y posible privatización de funciones de control del Estado. El reclamo apunta a que la resolución sea suspendida y declarada inválida por afectar derechos laborales y, al mismo tiempo, la seguridad de los consumidores.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la decisión adoptada por las autoridades del INTI “no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo”, sino que también “atenta contra la seguridad” de toda la población, al debilitar los mecanismos de control sobre herramientas de medición críticas en múltiples actividades económicas.
Qué es el Programa de Metrología Legal y por qué es clave
El Programa de Metrología Legal del INTI tiene a su cargo la verificación, aprobación de modelos y certificación del correcto funcionamiento de instrumentos que deben cumplir con reglamentos técnicos nacionales. Entre ellos se encuentran los surtidores de combustibles, las balanzas comerciales, los alcoholímetros utilizados en controles de alcoholemia, los cinemómetros para fotomultas y determinados equipos médicos de medición.
Desde ATE advirtieron que, a partir de la resolución cuestionada, este sector del INTI cesa en sus tareas de aprobación de modelos y certificación, lo que abre interrogantes sobre quién asumirá esas funciones y bajo qué criterios se garantizará la transparencia y la protección de los usuarios. La preocupación sindical se centra en que la privatización de estas tareas derive en menos control estatal y en mayores riesgos de abusos o fraudes.
Advertencias sobre el impacto para la ciudadanía
Aguiar remarcó que la modificación del área “encubre un claro intento de privatización” y señaló que resulta llamativo que sean justamente las funciones de control y fiscalización las que se ven afectadas. Según el dirigente, la decisión tendrá consecuencias “graves y concretas” en el funcionamiento cotidiano de diversas empresas y, sobre todo, en la vida diaria de millones de ciudadanos que dependen de mediciones confiables al cargar combustible, realizar compras por peso o afrontar multas de tránsito.
La metrología legal es una rama de la metrología que se ocupa de asegurar que las mediciones vinculadas al comercio, la seguridad vial, la salud y la protección del consumidor sean exactas y estén debidamente reguladas. En la práctica, implica que un kilo sea efectivamente un kilo en la balanza del supermercado, que el surtidor entregue el litro de nafta que cobra y que los equipos médicos entreguen valores precisos para diagnósticos y tratamientos.
“Parece increíble. Nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que, en los surtidores de nafta, un litro no sea realmente un litro”, advirtió Aguiar, al alertar sobre el riesgo de debilitar los controles del Estado.
El planteo judicial de ATE se suma a otros cuestionamientos hacia las políticas de ajuste y reorganización de organismos técnicos y científicos. Mientras la causa avanza en los tribunales, el foco estará puesto en si el Gobierno sostiene la reestructuración o si acepta revisar la normativa para preservar tanto los puestos de trabajo como las garantías de control y protección a los consumidores.
