Crecen las denuncias por recortes y desvío de fondos para rutas nacionales
NewsITe
Intendentes de diferentes provincias, legisladores de la oposición, funcionarios bonaerenses y representantes de organizaciones civiles expusieron en la Cámara de Diputados sobre la grave crisis de la infraestructura vial en el país. En la comisión de Obras Públicas denunciaron recortes presupuestarios, subejecución de partidas clave y el desvío de fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que deberían financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales.
El encuentro estuvo marcado por la ausencia de representantes de La Libertad Avanza y giró en torno al destino de la recaudación del ICL. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) destacó la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Federal de La Plata para que el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y las autoridades de Vialidad Nacional expliquen por qué no se ejecutaron fondos que, según la denuncia, rondarían el billón de pesos.
De acuerdo con la exministra, ese volumen de recursos permitiría recuperar entre 20.000 y 25.000 kilómetros de calzada en todo el país. La preocupación se centra en el impacto directo que la falta de inversión tiene sobre la seguridad vial, la actividad económica y la conexión entre regiones productivas.
Denuncian vaciamiento de Vialidad y caída histórica del presupuesto
La primera oradora del encuentro, Patricia Mazzitelli, representante de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), describió la situación actual como el “vaciamiento más grave registrado en años”. Sostuvo que, tomando como referencia las partidas asignadas desde 2017, los recursos destinados a rutas cayeron un 85% en términos reales para este año.
Mazzitelli cuestionó además la decisión del Gobierno nacional de reducir en mayo el presupuesto de Vialidad, que pasó de 396.000 millones a 296.000 millones de pesos. Según explicó, el recorte afecta programas estratégicos como Rutas Seguras y Puentes y Alcantarillas, claves para mejorar la transitabilidad y reducir riesgos en puntos críticos de la red vial federal. También advirtió por las 3.300 desvinculaciones de profesionales y técnicos del organismo, lo que, a su criterio, profundiza el deterioro operativo.
Al detallar el uso de los fondos del ICL, Mazzitelli precisó que, de los 1.601.364 millones de pesos recaudados, solo ingresaron 530.156 millones a Vialidad, quedando un remanente sin ejecutar de 1.071.208 millones. Sobre un total de 3,84 billones de pesos por ese tributo, la ejecución real apenas rozó el 2,59%. De haberse aplicado la totalidad de los recursos, estimó que se podrían haber construido o mejorado más de 2.000 kilómetros de rutas.
Impacto en la seguridad vial y la economía regional
La reunión también puso el foco en el aumento de la siniestralidad vial. Mazzitelli vinculó directamente la falta de mantenimiento con los accidentes fatales y señaló que el 65% de las muertes en rutas se producen en tramos con desperfectos severos. En la misma línea, Silvia González, representante de la organización Estrellas Amarillas, alertó sobre el elevado número de víctimas en siniestros viales y cuestionó el corte de la asistencia que brindaba la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la logística y el traslado de familiares y afectados.
González denunció además un “apagón estadístico” desde 2022 por la ausencia de informes oficiales sobre siniestralidad y reclamó una política activa y transparente en materia de datos. Mencionó el caso de la Ruta 152 como ejemplo de la crítica situación que atraviesan numerosos corredores viales del país, donde la falta de mantenimiento los vuelve prácticamente intransitables.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, fue otro de los expositores centrales. Afirmó que la gestión libertaria “va camino a ser la primera en no inaugurar obras viales” y acusó al Gobierno nacional de “financiar la timba pública” con recursos del ICL en lugar de destinarlos a la red vial. Recordó que el impuesto a los combustibles aumentó alrededor de 1200%, mientras que los combustibles subieron un 500% y la inflación acumulada ronda el 300%.
“La ciudadanía está pagando doble: por el impuesto a los combustibles y por los peajes, sin recibir la contraprestación en rutas seguras y en buen estado”, advirtió Katopodis, quien anticipó que se exigirán explicaciones tanto en el Congreso como en la Justicia.
Según los expositores, el deterioro de la infraestructura vial no solo compromete la seguridad de conductores y pasajeros, sino que también amenaza la competitividad de sectores estratégicos, como el desarrollo de Vaca Muerta y las obras hídricas necesarias para mitigar inundaciones. Intendentes de distintas provincias, legisladores y representantes de asociaciones viales coincidieron en reclamar transparencia en el uso de los fondos y una urgente recomposición de las partidas para evitar un colapso mayor en la red de rutas nacionales.
