El oficialismo ajusta el proyecto tras críticas y busca votos clave
NewsITe
El Gobierno nacional avanza en una serie de cambios sobre el proyecto de Inocencia Fiscal II, con el objetivo de excluir a los funcionarios públicos de algunos de los beneficios más sensibles del régimen. La negociación se da en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita el respaldo de bloques aliados para lograr dictamen y llevar la iniciativa al recinto.
De acuerdo con fuentes parlamentarias, la nueva versión del texto mantendría la posibilidad de que los funcionarios accedan al esquema simplificado para regularizar obligaciones tributarias. Sin embargo, quedarían expresamente al margen de las presunciones y efectos liberatorios que el proyecto prevé para el resto de los contribuyentes, un punto que generó fuerte debate político.
La intención oficial es trazar una diferencia nítida entre el tratamiento fiscal para la ciudadanía en general y para quienes ejercen o hayan ejercido cargos públicos. La discusión cobró mayor relevancia después del escándalo que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, quienes en 2026 se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada, hecho que reavivó cuestionamientos sobre posibles privilegios.
Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal son el ámbito donde se discuten los retoques finales al proyecto. Allí se analiza, entre otras cuestiones, qué sucederá con los funcionarios que ocuparon cargos en los últimos años y si quedarán alcanzados por restricciones adicionales para exteriorizar fondos no declarados, una de las herramientas centrales del régimen planteado por el Ejecutivo.
Qué está en juego en la negociación legislativa
El proyecto de Inocencia Fiscal II se inscribe en la estrategia oficial para revisar el esquema de fiscalización del impuesto a las Ganancias y facilitar la formalización de ahorros que hoy están fuera del sistema. El texto apunta a ofrecer un marco de regularización acotado en el tiempo, con beneficios para quienes blanqueen diferencias y cancelen deudas con la Administración Federal de Ingresos.
No obstante, el tratamiento de la iniciativa quedó supeditado a una serie de modificaciones exigidas por los bloques dialoguistas. Entre ellas se destaca la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios liberatorios más amplios, con el propósito de evitar que el régimen sea percibido como una amnistía encubierta para quienes tomaron decisiones de gobierno o administraron fondos públicos.
- Exclusión de funcionarios de presunciones y efectos liberatorios.
- Restricciones especiales para exfuncionarios de los últimos años.
- Revisión de condiciones de acceso al régimen simplificado.
- Ajustes en los mecanismos para regularizar diferencias detectadas por el fisco.
Fuentes legislativas señalan que los cambios buscan “garantizar que el régimen esté orientado a contribuyentes comunes y no a quienes tuvieron responsabilidad en la gestión del Estado”.
En paralelo, el oficialismo revisa las condiciones de adhesión al régimen y los procedimientos de regularización de diferencias detectadas por el organismo recaudador, con el objetivo de acercar posiciones con los bloques aliados. La negociación continuará en las próximas jornadas y será determinante para conocer si el proyecto de Inocencia Fiscal II logra finalmente avanzar hacia el recinto o queda nuevamente empantanado en el Congreso.
