La ley protege el derecho fundamental de los niños a mantener un vínculo estable con ambos progenitores, pero la lentitud y los sesgos en la Justicia pueden profundizar el dolor y generar daños irreparables en las infancias.
Cada tercer domingo de junio, muchos padres argentinos reciben el Día del Padre en silencio. Sin dibujos, sin abrazos, sin esa alegría simple de ser parte activa en la vida de sus hijos. A veces, ese vacío no es por desinterés, sino por decisiones judiciales que interrumpen el vínculo paterno-filial, muchas veces tras denuncias falsas o conflictos con la madre.
El derecho de niños, niñas y adolescentes a mantener relación con ambos progenitores está protegido por leyes nacionales e internacionales. La Ley 26.061 reconoce su derecho a vivir y crecer en su núcleo familiar, manteniendo vínculos con ambos padres, incluso separados. La Convención sobre los Derechos del Niño también ordena garantizar ese contacto regular y directo.
Sin embargo, muchos padres denuncian que el sistema judicial no siempre aplica este principio con equilibrio. En causas sensibles, como denuncias por violencia o abuso, las medidas preventivas pueden alejar a los hijos años. En ese tiempo, los lazos afectivos se deterioran hasta volverse irreconocibles y el daño puede ser irreversible.
El problema no es la protección frente a la violencia, que debe existir y reforzarse. Es la falta de mecanismos eficaces para discernir con rapidez y objetividad qué casos requieren medidas restrictivas y cuáles son producto de estrategias legales o conflictos personales entre adultos.
Uno de los fenómenos más preocupantes es la alienación parental, donde un progenitor desvaloriza al otro ante los hijos. Esto distorsiona la imagen de ese padre o madre y puede provocar rechazo infantil. Cuando se combina con procesos judiciales lentos y un relato único, el daño es irreversible.
La justicia no puede actuar con prejuicios. Se necesitan decisiones sin sesgo de género ni presunciones automáticas de culpabilidad o inocencia. La equidad es escuchar a todas las partes, evaluar pruebas rigurosamente y poner al niño en el centro, como sujeto de derecho y no como objeto de disputa.
Las falsas denuncias no solo afectan a quien es acusado injustamente, sino que roban tiempo y afecto a los hijos. Vulneran el derecho a la identidad, al contacto con ambos padres y a vínculos familiares plenos. La justicia tardía o desequilibrada genera daños emocionales y sociales difíciles de reparar.
Reconocer esta problemática no significa desproteger a las víctimas reales de violencia ni minimizar delitos. Al contrario, visibilizar el uso instrumental de la justicia en disputas de pareja ayuda a fortalecer el sistema judicial, exigiendo procesos justos, eficaces y humanos.
Es urgente un enfoque equilibrado, que supere la lógica de bandos entre adultos y coloque en el centro el interés superior del niño. Porque detrás de cada expediente y medida cautelar hay una infancia que pasa. Lo que no se construye en esos años muchas veces no se recupera.
