La pandemia de Covid dejó –por el momento- cuatro grandes escándalos, dos de los cuales tuvieron protagonismo nicoleño. Primero fue el denominado «Vacunados VIP», a partir del cual varones y mujeres de esta ciudad recibieron trato prioritario a pesar de no tener vínculo alguno con la salud. Poco después se hizo público el «Vacunatorio VIP», donde el Ministerio de Salud que comandaba el nicoleño Ginés González García funcionaba como centro de vacunación para amigos o allegados. Más tarde, la Fiesta en Olivos, cuando la Primera Dama celebraba su cumpleaños en medio de restricciones a las reuniones. Ahora se conoce que la ministra Carla Vizzotti autorizaba visitas a pacientes infectados, en estado terminal, cuando ello estaba prohibido por decreto. Todas situaciones que desnudan impunidades, de ambos lados del mostrador. Y que dan crédito a ese nefasto dicho popular que afirma que ´carecer de poder no es importante si se tiene acceso a la persona con poder´.
De la redacción de EL NORTE
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Sylvia Brunoldi, presidenta de la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI), contó que perdió a su esposo por Covid-19 el 24 de agosto de 2020, después de que estuviera hospitalizado durante 30 días. Sin embargo, lo que sorprendió del relato de Brunoldi fue que ella pudo visitar a su marido antes de su fallecimiento, a pesar de que en ese momento estaba prohibido por decreto. Esto sacó a la luz que el Gobierno habilitaba visitas discrecionales durante los periodos de aislamiento. Según Brunoldi, Vizzotti intervino personalmente para que pudiera visitar a su esposo.
Este nuevo escándalo se suma a otros tres, dos de los cuales involucró a personas de San Nicolás. El primero de ellos se reveló merced a una investigación de este diario, y que se bautizó «Vacunados VIP». En efecto, abogados, periodistas, gente relacionada con el sindicalismo, como también personas vinculadas directa o indirectamente a la función pública recibieron -en el vacunatorio del hospital San Felipe- dosis de Sputnik V sin ser prioritarios. Es decir, cuando la inmunización sólo regía para personal de la salud en contacto con personas contagiadas (casos confirmados o presuntos). Aquellos que figuraban en la «primera línea de combate» contra el virus. Incluso, hasta familiares de los denominados VIP recibieron trato prioritario en los inicios de la campaña de inmunización. Ese sistema discrecional funcionó desde fines de diciembre 2020 hasta febrero de 2021, cuando el escándalo saliera a la luz.
La justicia allanó el hospital y secuestró material probatorio. Libros en los que aparecieron nombres de personas vacunadas que ningún vínculo tenían con la salud, tal como denunciara este diario. Hay que poner los hechos en contexto: poca disponibilidad de dosis, terapias intensivas atestadas de pacientes y personas que se morían todos los días a causa de la enfermedad.
¿Qué pasó con aquella causa? Nada, y casi que no sorprende. La justicia ordinaria y la federal se pelearon para desentenderse de la competencia. Y el expediente llegó, como era de esperar, al cajón de algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Allí permanece, durmiendo el sueño eterno.
Vacunatorio VIP
El segundo escándalo en el cual el nombre de esta ciudad volvió a cobrar protagonismo fue el llamado «Vacunatorio VIP», que conceptualmente se diferenció de «Vacunados VIP» por el hecho de que la inmunización a personas que no calificaban para el segmento de destinatarios se realizaba en el mismísimo Ministerio de Salud que comandaba el nicoleño Ginés González García.
Al momento de recibir la dosis, la mayoría de estas personas no cumplía con los requisitos fijados por el propio Gobierno en el plan de vacunación: ser profesionales o trabajadores de la salud y mayores de 60 años. Y si por edad les correspondía, no figuraban inscriptos en el sistema de turnos que para el resto de los ciudadanos era obligatorio.
El presidente Fernández le pidió la renuncia a González García horas después de que se difundieran los hechos. Funcionarios y amigos habían sido vacunadas de manera irregular gracias a instrucciones dadas desde el Ministerio de Salud.
En julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar parcialmente la causa. Afirmó que en el Código Penal no existe un tipo que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales. El fiscal Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apeló. La Cámara Federal porteña le dio la razón y ordenó reabrir la pesquisa. La justicia federal citó a Ginés a indagatoria el 10 de julio pasado.
Junto al ex ministro de Salud de la Nación fueron también llamados el ex director del Hospital Posadas, Alberto Alejandro Maceira; la jefa de Epidemiología el mismo establecimiento, María Elena Borda; el por entonces responsable del área de automóviles del Ministerio, el también nicoleño Marcelo Guille, y el actual subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Alejandro Salvador Costa. A todos se les imputa los delitos de abuso de autoridad y peculado.
De fiesta
El 14 de julio de 2020, en medio de las restricciones por la pandemia y a pesar de que oficialmente habían anunciado un festejo virtual, la primera dama Fabiola Yañez organizó una fiesta con Alberto Fernández y un grupo de amigos dentro de la quinta presidencial de Olivos. La Justicia determinó que fue culpable del delito de violación a la normativa que restringía esos encuentros, pero tras un acuerdo económico ahora el juez Lino Mirabelli está a punto de cerrar el expediente que también involucraba al Presidente.
La primera dama y el Presidente fueron imputados por la justicia federal por “haber violado las medidas adoptadas por las autoridades nacionales para impedir la propagación de la pandemia de COVID-19”.
Pese a la letra de ese DNU firmado por Alberto Fernández, el 14 de julio del año 2020 diez personas fueron a Olivos para celebrar. Entraron a las 21:46 y se fueron pasada la medianoche tras el festejo de cumpleaños de la Primera Dama.
El Presidente y la primera dama llegaron a un acuerdo de reparación integral, contemplado en el Código Procesal Penal, con el fiscal Fernando Domínguez. En total se les aceptó una oferta de tres millones de pesos ($ 1,6 millones Alberto Fernández y $ 1,4 millones Fabiola Yañez).
Lo cierto es que la revelación de que desde la cartera de la ministra Carla Vizzotti se habría autorizado -discrecionalmente- permitir lo que estaba prohibido no hace más que alimentar un sentimiento de impotencia. Y de profundo rechazo a prácticas propias de funcionarios públicos que hacen honor a una nefasta frase urbana que se repite mucho en países de baja calidad institucional: ´carecer de poder no es importante si tenés el número de la persona que tiene poder´.
