Incidentes al cierre de la Marcha Universitaria frente al Congreso
NewsITe
La 5ª Marcha Federal Universitaria culminó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires con serios incidentes en las inmediaciones del Congreso Nacional, en el marco de un nuevo reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, convocada por organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas, se desarrolló durante la tarde y cerró con enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y fuerzas de seguridad.
El foco de tensión se concentró en la intersección de las avenidas Rivadavia y Callao, donde se registró un cruce directo entre manifestantes y efectivos. Según testigos, volaron piedras hacia los uniformados, que respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes mientras aún se desarrollaba el acto central. Hacia el final de la jornada se reportaron heridos de ambos lados y varias personas detenidas, aunque al cierre de esta nota no se habían difundido cifras oficiales.
La marcha fue impulsada por universidades nacionales de todo el país que volvieron a advertir sobre el riesgo de no poder sostener sus funciones el próximo año si no se garantiza el financiamiento. El reclamo tuvo un amplio respaldo político y gremial: participaron la CGT, las dos CTA, la UTEP, agrupaciones de izquierda, sectores del radicalismo y del peronismo, entre ellos La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
En un documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), CTERA y otras organizaciones, se subrayó que sin educación pública, profesionales de excelencia y desarrollo científico soberano, no es posible construir un país con equidad, autonomía y desarrollo social. Las entidades exigieron el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y remarcaron que tanto el Congreso como el Poder Judicial avalaron su vigencia.
Críticas al DNU 70/23 y alerta por el presupuesto educativo
Las organizaciones volvieron a cuestionar con dureza al Gobierno nacional por el DNU 70/23, al que califican como regresivo y contrario al marco legal vigente. También advirtieron sobre la negativa oficial a cumplir fallos judiciales y leyes aprobadas por el Parlamento, y alertaron sobre un “riesgo institucional” para el sistema universitario en un contexto en el que el presidente Javier Milei insiste con la herramienta de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
En paralelo, denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo prevé el nivel de inversión en universidades más bajo de la historia reciente, con menos del 1% del PBI y sin contemplar las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. Frente a ese escenario, respaldaron la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% respecto del proyecto oficial para garantizar el funcionamiento académico y el sostenimiento de la planta docente y nodocente.
- Reclamo por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Críticas al DNU 70/23 y a la falta de actualización presupuestaria.
- Denuncias por desfinanciamiento de ciencia, becas y salarios docentes.
El documento también expresó preocupación por el desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico, el éxodo de investigadores, la caída en la adjudicación de becas estudiantiles y el freno a proyectos estratégicos para la soberanía del conocimiento. Además, se mencionó el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000, la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el estancamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas, fenómeno que las organizaciones definieron como una política de “deserción forzada”.
“La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es una parte fundamental de la solución”, remarcaron las organizaciones universitarias en el documento leído frente al Congreso.
Sobre el cierre del acto, los firmantes denunciaron un “ataque” al salario docente y nodocente, la pérdida constante del poder adquisitivo, la precarización de las condiciones laborales y la falta de convocatoria a paritarias libres. También reclamaron por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la actualización del nomenclador preuniversitario y garantías jubilatorias para el sector. Desde el Gobierno nacional, en tanto, se repudiaron los incidentes y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que “los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos” y “convertir las calles en una zona liberada”.
