La Fiscalía Nº14 a cargo del fiscal Patricio Múgica Díaz inició una instrucción penal preparatoria para investigar las causas del incendio del geriátrico “Doris”. La justicia busca determinar si el episodio encuadra en el delito de Estrago Doloso, para ello ordenaron diversas pericias de las cuales será determinante el informe de Bomberos
De la redacción de EL NORTE
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Continúa la investigación para determinar el origen del incendio en el geriátrico “Doris” que funciona en las instalaciones de la ex Clínica Cattania. El fiscal Patricio Múgica Díaz abrió una instrucción penal preparatoria para determinar las causas del siniestro ocurrido el pasado martes por la noche en el edificio ubicado en Guardia Nacional 131 donde se alojan alrededor de 13 adultos mayores y que obligó a su evacuación. La justicia ordenó distintos peritajes, de los que será especialmente relevante el informe de bomberos, para mantener una caratula por “Estrago doloso” y que apunta a la intencionalidad. Se tratan de establecer posibles responsabilidades penales. Este delito se caracteriza por la eventual peligrosidad, la gravedad de los medios utilizados, la gran magnitud de las consecuencias destructivas que pueden tener sobre las personas y los bienes. “En este caso afortunadamente, no hubo muertos ni heridos con grave riesgo para la vida, pero pudo ser una catástrofe” afirmaron a EL NORTE fuentes de la investigación.
Dos personas residentes del lugar, una mujer de 78 años con una enfermedad preexistente y un niño de 3 que había inhalado monóxido de carbono habían tenido que ser atendidos tras el incendio, pero sus estados no revestían gravedad.
El fuego en el “Geriátrico Doris instituto para Tercera edad” se habría originado en la noche del pasado martes en la zona del patio y se extendió al primer piso de la institución donde residen 13 abuelos y una familia que debieron ser desalojados. 5 de ellos fueron trasladados a otro instituto de resguardo. En el lugar debieron trabajar varias dotaciones de bomberos para dominar las llamas. En el hecho tomó intervención la Comisaría Primera.
Los responsables del establecimiento, quienes alquilan las instalaciones, son oriundos de la localidad de San Pedro. El desalojo definitivo del lugar corresponde a la justicia civil conforme a lo informado extraoficialmente desde fiscalía.