Avanza la causa por presunta red de presiones y fotomultas
NewsITe
El empresario Leandro Camani, conocido en la zona norte del conurbano bonaerense por su presencia en el denominado “triángulo de Pilar”, quedó formalmente imputado por extorsión agravada en una causa que investiga una presunta red dedicada a impulsar denuncias falsas y operaciones mediáticas para presionar a distintos objetivos políticos y empresariales.
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La imputación fue dispuesta por el fiscal Germán Camafreitas, en una investigación que lleva adelante junto al juez Walter Saettone en los tribunales de Pilar. En el expediente también aparece involucrado el dirigente de la Coalición Cívica-ARI de ese distrito, Matías Yofe, cercano a la líder nacional de ese espacio, Elisa Carrió.
De acuerdo con fuentes judiciales, Camani quedó bajo la lupa a partir de sus vínculos con Yofe. Entre los elementos señalados figuran pagos por un espacio radial en la emisora Cadena Premium y su presencia en la ceremonia de los premios Martín Fierro, según relataron un custodio y el periodista Claudio Ponce de León en declaraciones incorporadas al expediente.
En la causa se presentó como damnificado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El dirigente deportivo denunció presuntas presiones atribuidas a Camani para instalar sistemas de fotomultas en rutas y en predios del CEAMSE. Según la hipótesis investigada, esas maniobras derivaban luego en causas judiciales impulsadas por Yofe y el legislador porteño Facundo del Gaiso.
Archivos, testimonios cruzados y nuevas imputaciones
En paralelo, la Justicia puso la mira sobre Yofe tras el archivo de una causa por amenazas iniciada en marzo de 2025. El juzgado entendió que varios de los hechos denunciados carecían de sustento, a partir de la declaración de un testigo clave que relativizó la existencia de intimidaciones y las encuadró como opiniones políticas, además de remarcar que ni la exconcejal Claudia Pombo ni el exministro bonaerense Jorge D’Onofrio estaban presentes en los episodios descritos.
Otra línea del expediente involucró a Andrea García, mencionada como presunta víctima en una presentación que, según sostuvo ante la Justicia, jamás realizó. García calificó como “mentirosa” la atribución de una denuncia a su nombre. Esa declaración contribuyó a que el juzgado dispusiera el archivo por inexistencia de elementos de convicción suficientes.
Tras esa resolución, Yofe fue denunciado por presunto falso testimonio y será citado a indagatoria para que explique sus dichos bajo apercibimiento de ser procesado. Al mismo tiempo, sigue señalado en la causa por extorsión agravada que se instruye en Pilar y en la que ahora Camani figura como imputado formal.
Fotomultas, VTV y presunta estructura de recaudación ilegal
El caso se inscribe en un contexto más amplio de investigaciones sobre el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. Recientemente, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del exministro bonaerense de Transporte Jorge D’Onofrio por presuntos hechos de corrupción y lavado de activos vinculados a ese esquema, y ordenó un embargo de 350 millones de pesos sobre sus bienes.
- El fallo también dejó firme el procesamiento de Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, con un embargo de 300 millones de pesos.
- Los jueces analizan un presunto desvío de fondos provenientes de multas de tránsito a través de una estructura con roles y jerarquías definidos.
En otro frente, la Fiscalía Federal de La Plata evalúa un pedido de la cámara empresaria CECAITRA para profundizar la investigación sobre los vínculos de Camani con un presunto narcotraficante rosarino detenido en 2024 cuando conducía una camioneta Mercedes Benz GLE registrada a nombre del empresario. La entidad empresarial aclaró que ese hecho no implica responsabilidad penal directa de Camani, pero reclamó indagar su entorno por posibles maniobras que combinarían denuncias penales y operaciones mediáticas como herramienta de presión para obtener ventajas económicas o comerciales.
La causa por presunta extorsión y maniobras irregulares con fotomultas se posiciona como uno de los expedientes más sensibles en torno al negocio de las infracciones de tránsito y el financiamiento político en la provincia de Buenos Aires.
Con imputaciones formales, procesamientos confirmados y nuevas indagatorias en puerta, el expediente promete profundizar la mirada judicial sobre el entramado de intereses públicos y privados alrededor del negocio de las multas, en un contexto de creciente cuestionamiento social al sistema de control de tránsito y a su utilización como posible fuente de recaudación discrecional.
