Avanza la causa contra el ex jefe de los fiscales jujeños
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La fiscal jujeña Daiana Alejandra Serrano Antar imputó formalmente a Sergio Enrique Lello Sánchez, ex procurador general y máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, por el presunto delito de peculado de servicio y de uso personal. La acusación apunta al supuesto aprovechamiento de recursos humanos, tecnológicos y logísticos del organismo para beneficio propio y de su entorno familiar.
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En una audiencia realizada en las últimas horas, la representante del Ministerio Público detalló que Lello Sánchez enfrenta la presunta comisión de una veintena de hechos de peculado en concurso real. Los episodios habrían ocurrido entre junio de 2021 y marzo de 2025, período en el que el entonces procurador concentraba el control de la estructura acusatoria provincial.
La investigación busca determinar no solo si hubo un uso irregular de bienes y servicios del MPA para fines particulares, sino también si esos recursos pudieron haber sido utilizados en el eventual armado de causas judiciales. Esta línea de pesquisa abre un frente sensible para la institucionalidad jujeña, al poner bajo la lupa el funcionamiento de la cúpula del organismo encargado de impulsar las investigaciones penales.
Renuncia en medio de la controversia
En octubre de 2025, Lello Sánchez presentó su renuncia al cargo de procurador general luego de que la Legislatura de Jujuy dispusiera su suspensión y promoviera un juicio político en su contra. Aquella decisión legislativa estuvo motivada precisamente por el inicio de una investigación por presunto peculado durante su gestión al frente del MPA.
Un dato llamativo del expediente es su origen: la causa se disparó a partir de denuncias de varios ex fiscales de la provincia. Según trascendió, quienes se presentaron ante la Justicia señalaron que habían sido desplazados, marginados de sus funciones y hostigados por la conducción del Ministerio Público, situación que, de acuerdo con sus dichos, se habría dado en paralelo con el uso discrecional de recursos del organismo, consigna el portal local Jujuy al Momento.
Allanamientos, pruebas y posible pena
Durante la etapa de instrucción se concretó un allanamiento en la sede central del MPA jujeño. En ese operativo se secuestraron dispositivos electrónicos, teléfonos celulares corporativos, registros internos, legajos y distintos equipos informáticos que ahora son analizados por los investigadores. El objetivo es reconstruir el eventual circuito de utilización de recursos públicos y determinar si efectivamente fueron puestos al servicio de fines ajenos a la función estatal.
Por la calificación legal que hoy afronta el ex procurador, el Código Penal prevé penas que van de 2 a 10 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. No obstante, la eventual sanción podría incrementarse si la Justicia confirma el concurso real de múltiples hechos independientes, tal como planteó la fiscal Serrano Antar.
La causa contra el ex procurador de Jujuy vuelve a poner en debate los mecanismos de control sobre quienes tienen a su cargo la persecución penal y la administración de recursos del Estado.
Mientras tanto, la investigación continúa con medidas de prueba y declaraciones testimoniales, en un expediente que podría derivar en un juicio oral de fuerte impacto político e institucional para la provincia de Jujuy.
