Imputan al ex intendente platense por presuntas irregularidades urbanísticas
NewsITe
El ex intendente de La Plata, Julio Garro, fue formalmente imputado en una causa que investiga un presunto desarrollo de más de 400 loteos irregulares para viviendas en la capital bonaerense. La pesquisa judicial incluye acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público durante su gestión al frente del municipio.
La denuncia fue presentada por la actual administración municipal encabezada por Julio Alak, quien asumió la intendencia tras las últimas elecciones. De acuerdo con la presentación, los loteos habrían sido autorizados entre 2015 y 2023, período que coincide con los dos mandatos de Garro, desoyendo normas provinciales que exigen convalidaciones legales y técnicas previas para habilitar nuevos desarrollos urbanos.
Fuentes vinculadas a la investigación señalan que el expediente pone la lupa sobre aproximadamente 450 desarrollos inmobiliarios, entre barrios cerrados, loteos abiertos y urbanizaciones destinadas a vivienda familiar. Se intenta establecer si se otorgaron autorizaciones sin cumplir con los requisitos formales de la Provincia de Buenos Aires, como estudios de impacto ambiental, infraestructura básica y cumplimiento del Código de Ordenamiento Territorial.
Además de Garro, la causa alcanza a varios ex funcionarios clave de su gabinete. Entre los imputados figuran el ex secretario de Coordinación del municipio, la ex secretaria de Planeamiento, María José Botta, y el ex director general del área de Planeamiento, Marcelo Rogg. Todos ellos habrían intervenido en distintos momentos del circuito administrativo para la aprobación de los proyectos cuestionados.
Las presuntas irregularidades bajo la lupa judicial
La denuncia de la gestión Alak describe como “gravísimas” las irregularidades detectadas, al sostener que se habrían desobedecido instrucciones expresas del gobierno provincial de no avanzar con urbanizaciones que no contaran con la convalidación legal y técnica exigida por la normativa vigente. Esa convalidación apunta a garantizar condiciones mínimas de servicios, accesibilidad y seguridad para las familias que adquieren los lotes.
En el expediente se analiza si el presunto incumplimiento de las normas pudo haber generado un perjuicio tanto al erario público como a los compradores de los terrenos, que podrían enfrentar dificultades para escriturar o acceder a servicios básicos. En causas similares, la Justicia suele investigar vínculos entre funcionarios y desarrolladores privados, además de eventuales beneficios económicos indebidos.
- La causa se originó a partir de una denuncia del actual gobierno municipal.
- Se investigan alrededor de 450 loteos y urbanizaciones en La Plata.
- Las imputaciones incluyen enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
- Ex funcionarios de las áreas de Coordinación y Planeamiento también fueron alcanzados.
La presentación judicial habla de “desobediencia a la orden expresa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no autorizar urbanizaciones sin la convalidación legal y técnica obligatoria”.
En esta etapa, la investigación se encuentra en fase preliminar y los imputados conservan el principio de inocencia hasta que la Justicia eventualmente avance hacia una instancia de procesamiento o archivo. Se espera que en las próximas semanas se ordenen medidas de prueba, como pedidos de documentación, peritajes técnicos sobre los expedientes de loteo y declaraciones testimoniales de funcionarios, técnicos y adquirentes de los terrenos involucrados.
El caso vuelve a poner en foco el crecimiento urbano de La Plata y la tensión entre la demanda habitacional, los negocios inmobiliarios y la obligación de los municipios y la Provincia de garantizar un ordenamiento territorial respetuoso de la ley y de los derechos de los vecinos.
