Investigan presuntos cobros indebidos y actas irregulares
Una empleada del Registro Civil de la provincia de Neuquén fue formalmente imputada por presuntos cobros indebidos y la confección irregular de un acta de matrimonio, hechos que habrían generado perjuicios tanto para una pareja como para el Estado provincial. La causa, que se tramita en el fuero penal neuquino, es considerada de gravedad por las autoridades judiciales debido al rol de la acusada como funcionaria pública.
En una audiencia reciente, el asistente letrado Facundo Bernat, integrante del Ministerio Público Fiscal, reformuló los cargos contra la trabajadora del organismo. Según se informó, se mantuvieron los hechos y las figuras penales que se le atribuían en un principio, pero se incorporaron agravantes y nuevas consecuencias económicas, lo que incrementa la potencial responsabilidad penal de la imputada.
De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público Fiscal provincial, a la mujer se le endilgan dos hechos diferenciados. El primero está relacionado con un supuesto cobro ilegal ocurrido el 6 de enero de 2025. En esa oportunidad, y en su carácter de oficial pública, habría solicitado a una pareja el pago de 90.000 pesos con el argumento de que el sellado ya abonado no era el adecuado para el trámite de matrimonio. El dinero fue transferido a una cuenta bancaria personal de la empleada, lo que motivó la sospecha de exacción ilegal.
El segundo hecho apunta a la presunta confección irregular del acta matrimonial. Bernat sostuvo que la funcionaria elaboró el documento sin dejar constancia de que la ceremonia se realizó a domicilio, un dato clave para la determinación de la tasa correspondiente. Además, en el acta no habrían sido consignados los testigos exigidos por la normativa vigente para este tipo de trámites, lo que implicaría una violación a los requisitos legales.
Perjuicio al Estado y agravantes penales
La fiscalía señaló que estas irregularidades, además de configurar una posible falsedad documental, implicaron un perjuicio patrimonial para el Estado provincial. Esto se debería al no pago de la tasa que corresponde a los casamientos realizados fuera de la sede del Registro Civil. Como consecuencia, se obligó a los contrayentes a iniciar gestiones para rectificar la documentación, con las molestias administrativas y personales que ello supone.
- Se investiga un presunto cobro indebido de 90.000 pesos a una pareja.
- El acta de matrimonio no habría consignado el domicilio ni los testigos exigidos.
- El Estado provincial habría sufrido un perjuicio económico por tasas no percibidas.
- La acusación incluye agravantes por la condición de funcionaria pública de la imputada.
La mujer fue imputada por exacciones ilegales agravadas, al haberse apropiado del presunto provecho ilícito, y por falsedad ideológica agravada, al haberse cometido el hecho en calidad de funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora, según detalló el Ministerio Público Fiscal.
En este contexto, el fiscal solicitó una prórroga de tres meses para continuar con la investigación, plazo que fue concedido por el juez de garantías Juan Guaita. El magistrado también hizo lugar a la reformulación de cargos. En las próximas semanas, la fiscalía avanzará con la producción de pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad penal de la empleada del Registro Civil y definir si la causa se encamina a un eventual juicio oral.
