Seguridad jurídica como pilar para atraer inversiones
NewsITe
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, ratificó que la seguridad jurídica es el eje de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional para dinamizar la inversión privada y reinsertar a la Argentina en el mapa de los grandes proyectos internacionales.
Durante una exposición en un encuentro organizado por IDEA, moderado por el abogado Bernardo Cassagne, la funcionaria sostuvo que la Casa Rosada busca “construir una Argentina más previsible, más estable y más amigable con la inversión privada”, a partir de reglas claras y estables en el tiempo.
Ibarzabal Murphy remarcó que “las inversiones se realizan cuando existen reglas claras, instituciones previsibles y confianza en que los compromisos asumidos serán respetados”. En esa línea, explicó que una parte central de la tarea de la Secretaría Legal y Técnica consiste en transformar las decisiones políticas en normas claras, ejecutables y duraderas, reduciendo la incertidumbre regulatoria.
Reformas clave: Ley Bases, DNU 70/2023 y RIGI
La funcionaria recordó que el presidente Javier Milei planteó desde el inicio de su gestión el objetivo de desarmar “capas de intervencionismo acumuladas durante décadas”, que derivaron en superposición de normas, exceso de trámites y una fuerte presencia estatal en la economía. Según advirtió, este escenario generó frenos a la inversión, encareció los procesos productivos y desincentivó la aparición de nuevos actores.
En ese contexto, señaló que la Ley Bases y el DNU 70/2023 se convirtieron en herramientas centrales para modificar el marco jurídico vigente. Entre otros puntos, habilitaron procesos de privatización, modernizaron la Ley de Procedimientos Administrativos, dispusieron la eliminación de fondos fiduciarios y otorgaron al Poder Ejecutivo facultades delegadas por un año para reorganizar organismos y simplificar estructuras.
Uno de los núcleos de la presentación fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que describió como un esquema pensado para atraer proyectos de gran escala, con fuertes desembolsos iniciales y plazos de recupero prolongados. El RIGI, sostuvo, ofrece estabilidad normativa por 30 años, un esquema tributario y cambiario competitivo y mecanismos de protección frente a cambios arbitrarios de reglas.
Proyectos, sectores alcanzados y debate por la competencia
Ibarzabal Murphy detalló que, hasta el momento, el RIGI registra 27 proyectos aprobados por más de US$ 75.000 millones y otros 21 en evaluación por más de US$ 130.000 millones. Los sectores alcanzados incluyen minería, energía, infraestructura, automotriz, siderurgia y energías renovables, áreas señaladas por el oficialismo como motores potenciales para el crecimiento y el ingreso de divisas.
La secretaria enfatizó que los beneficios del régimen están dirigidos únicamente a nuevas inversiones y que su implementación debe procurar minimizar los efectos distorsivos sobre la competencia local, uno de los puntos cuestionados por sectores críticos del esquema. Desde el Gobierno, sin embargo, consideran que la previsibilidad regulatoria y la estabilidad fiscal son condiciones imprescindibles para competir por capitales que hoy evalúan alternativas en otros países de la región.
“Mi trabajo consiste, en definitiva, en intentar que las reglas que ofrecemos hoy sean las mismas reglas que existan mañana”, resumió Ibarzabal Murphy, al defender el enfoque de seguridad jurídica del oficialismo.
Al referirse al caso YPF y al impacto de las decisiones estatales sobre la reputación internacional del país, la funcionaria subrayó que “la única instrucción política” que recibe “es hacer las cosas bien” y respetar los procedimientos. Según planteó, fortalecer la institucionalidad y reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones es condición necesaria para reconstruir la confianza y sostener un flujo estable de inversiones en el tiempo.
