La defensa de Cristina y Máximo Kirchner justificó la operatoria de sus empresas familiares
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La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo Máximo Kirchner presentó un extenso descargo en la causa unificada Hotesur-Los Sauces, en el que sostuvo que las sociedades investigadas desarrollaron actividades lícitas, declaradas y debidamente auditadas por los organismos de control del Estado. El planteo fue difundido a través de un escrito remitido al periodista Horacio Verbitsky, director del portal El Cohete a la Luna.
Según la presentación encabezada por el abogado Alberto Beraldi, Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. son sociedades comerciales de carácter familiar dedicadas principalmente a la compra y alquiler de inmuebles. La defensa remarcó que ambas firmas se encuentran inscriptas ante los organismos competentes, con libros societarios rubricados, estados contables presentados y declaraciones juradas impositivas al día.
El escrito subrayó que todos los bienes incorporados al patrimonio de estas empresas fueron adquiridos con fondos de origen lícito. En ese sentido, recordó que el patrimonio de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner ya fue objeto de investigación en expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, que concluyeron con sobreseimientos firmes.
Contratos de alquiler y rol de los Kirchner en los hoteles
Uno de los puntos centrales del descargo se concentró en los contratos de alquiler cuestionados en la causa. La defensa afirmó que todos los acuerdos celebrados fueron “genuinos”, que las propiedades fueron efectivamente utilizadas por los inquilinos y que no existieron locaciones simuladas. Respecto de los hoteles, aseguraron que la familia Kirchner no llevó adelante la explotación directa de esos establecimientos, sino que percibió un canon derivado del arrendamiento a terceras empresas.
El texto también hizo referencia a un peritaje contable que, de acuerdo con la versión de la defensa, confirma que los valores cobrados en concepto de alquiler de los hoteles se encontraban alineados con los precios de mercado vigentes al momento de las operaciones.
Pagos bancarizados y rechazo a la hipótesis de lavado
En relación con los movimientos económicos de Hotesur y Los Sauces, los abogados resaltaron que todos los pagos fueron facturados, bancarizados y trazables, con la correspondiente liquidación de impuestos y retenciones exigidas por la normativa tributaria. Bajo esa premisa, consideraron “absurda” la hipótesis de lavado de activos que sostienen los acusadores.
Asimismo, remarcaron que los fondos ingresaron y circularon a través de cuentas sometidas al control de organismos como la AFIP, el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que, a criterio de la defensa, refuerza la transparencia de la operatoria comercial de las firmas vinculadas a la familia Kirchner.
Vínculos con adjudicatarios de obra pública y acusación de asociación ilícita
Otro eje controvertido de la causa se vincula con la relación entre las empresas de la familia Kirchner y algunos locatarios que, a su vez, fueron adjudicatarios de contratos de obra pública. La defensa negó que esa interacción configure el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y remarcó que ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Máximo Kirchner intervinieron en los procesos de licitación, ejecución o control de esos contratos estatales.
Por último, el escrito cuestionó la imputación de asociación ilícita, al recordar que esa figura penal ya fue objeto de análisis en la causa conocida como “Vialidad”. Allí, indicaron, los tribunales descartaron la existencia de una única organización destinada a cometer delitos en todos los expedientes, tal como habían sostenido las partes acusadoras.
Lo que está en juego en la causa Hotesur-Los Sauces
- La legalidad de la operatoria de las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.
- La existencia o no de contratos de alquiler simulados o sobrevalorados.
- La posible configuración de lavado de activos mediante el circuito hotelero e inmobiliario.
- El alcance de la responsabilidad penal de Cristina y Máximo Kirchner.
La defensa enfatizó que “no hubo pagos en negro ni en efectivo” y que toda la actividad empresarial se realizó dentro del marco de la ley.
Con este nuevo descargo, los representantes legales de la vicepresidenta mandato cumplido y de su hijo buscan desmontar los principales argumentos de la acusación y reforzar la idea de que se trató de operaciones comerciales legítimas, sin maniobras de corrupción ni lavado de dinero.
