Un dictamen de la Administración General de Puertos descalificó a los tres competidores de la compañía belga, que está a cargo del negocio desde 1995. Dos de las cinco dragadoras más grandes del mundo publicaron una solicitada con duros cuestionamientos al Gobierno. También Emepa, la socia histórica de Jan De Nul que pertenece al arrepentido Gabriel Romero, corre con ventaja para seguir explotando el balizamiento.
De la redacción de EL NORTE
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Como en el juego de la oca, dos años después, el Gobierno del Frente de Todos regresa al punto de partida. Después de idas y vueltas, fuertísimos debates internos y prórrogas que postergaron la definición hasta hoy, la Administración General de Puertos (AGP) se encamina a elegir en la licitación corta del dragado y el balizamiento de la Hidrovía a las dos empresas que tienen la concesión del canal troncal desde hace 27 años: la argentina Emepa, del empresario Gabriel Romero, y la belga Jan De Nul, dueña de la Compañía Sudamericana de Dragados. La principal diferencia es que durante más de un cuarto de siglo las dos empresas funcionaron como socias directas bajo el paraguas de Hidrovía Sociedad Anónima y ahora trabajan por separado, producto de una ruptura que se precipitó en los últimos años.
A cargo del santacruceño José Beni, la Administración de Puertos dio a conocer un dictamen de precalificación el 11 de febrero pasado en el que eligió a Jan De Nul en la oferta técnica del dragado de la vía fluvial por la que salen rumbo al exterior entre el 75% y el 80% de las exportaciones argentinas por un período adicional de seis meses. Lo hizo al descalificar a los otros tres consorcios que pretendían competir ahora, como paso previo a la licitación que abrirá paso a 10 años de concesión.
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Las compañías que quedaron afuera de competencia tienen experiencia sobrada y se distinguen por ser las más grandes del mundo en el rubro: el consorcio que integraban la CCCC Shanghai Dredging (SDC), la belga Dredging International (DEME Group) y la argentina Servimagnus; la danesa Rhode Nielsen asociada con Emepa de Romero; y la holandesa Boskalis International.
Lo particular fue que el dictamen descalificó a las empresas por no cumplir los requisitos técnicos y les impidió pasar a la compulsa económica, lo que desató críticas y sospechas por parte de los derrotados.
“Errores insalvables”
En el Gobierno afirman que Shangai Dredging, DEME Group y ServiMagnus fueron descalificados porque cometieron al menos dos “errores administrativos y técnicos insalvables” a la hora de presentar su proyecto: el primero y más importante está relacionado con los antecedentes de dragado que las empresas debían acreditar. Eran 26 millones de metros cúbicos entre todas las compañías que integraban el consorcio -de manera proporcional a su participación accionaria- y en el período de los últimos cinco años, con obras finalizadas y certificadas. A la argentina ServiMagnus, que tenía el 10% de la UTE donde la mayoría se reparte entre chinos y belgas, no le daban los antecedentes de dragado. El otro punto, según afirman desde el Estado, tenía que ver con las lanchas y la disponibilidad de equipos que fue presentada con los plazos vencidos.
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Shangai Dredging, Deme Group y ServiMagnus reclama que la AGP acepte las objeciones al dictamen de precalificación. Sin embargo, en el Gobierno afirman que los miembros del consorcio deberían haber pagado un canon para formalizar la impugnación y no lo hicieron.
