Desde el Ministerio de Transporte aseguran que hay un borrador de un nuevo decreto que establecerá la conformación de un ente de control conformado por siete provincias y diferentes ministerios. Ese órgano estaría a cargo del canon. Esta situación durará alrededor de un año, o el tiempo que tome lanzar los pliegos de la licitación larga.
De la redacción de EL NORTE
[email protected]
A partir del 13 de septiembre, el Gobierno, a través de la Administración General de Puertos (AGP), cobrará el peaje de la Hidrovía, por lo menos durante los próximos 12 meses.
Por ahí se movilizan alrededor de dos tercios del total de las exportaciones argentinas, unos US$ 43.000 millones por año.
El nuevo sistema se trata de un cambio sustancial en el manejo de la vía navegable, que desde 1995 está concesionada a Hidrovía S. A., a través de un régimen que contempla el cobro del canon por parte de los privados. Está integrada por la compañía de dragado belga Jan de Nul y la argentina Emepa, esta última denunciante en “la causa de los cuadernos”. En lo formal, se llama “contrato de concesión de obra pública por peaje”.
A partir del Decreto 427 oficializado el pasado jueves, que otorga el control de la Hidrovía a la AGP, el Estado tendrá la concesión de la Hidrovía y un contratista realizará las obras en la autopista fluvial, a quien se le va a pagar con lo recaudado con el peaje. Se introduce de esta manera un eslabón más en la cadena de pagos. Especialistas en derecho administrativo explican que, con esta metodología, no haría falta una licitación pública, sino que podría darse el trabajo al mejor postor, o directamente designar a una empresa por el carácter urgente de las obras que hay que realizar, ya que el dragado no puede detenerse.
Alfredo Sesé, secretario técnico de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), afirma que, con esta iniciativa, “ha cambiado de régimen”, y añade: “El concesionario es la AGP, el servicio ahora lo tiene una empresa del Estado, que contratará a otra empresa para realizar las obras y la selección del contratista no necesariamente deba hacerse a través de una licitación”. De hecho en el Artículo 3 – Inciso I del nuevo decreto dice que la AGP, ‘en calidad de concesionario, deberá celebrar (…) las contrataciones necesarias para garantizar la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal, manteniendo el actual nivel de prestación del servicio’”.
Para el técnico, hay que mirar el sistema que se implementó en el Belgrano Cargas, cuyo contratista es hoy China Machinery Engineering Corporation” (CMEC) y “no hubo una licitación, sino un acuerdo de país a país”.
Cobro de peaje
Desde la AGP hacen aclaraciones sobre el último decreto, en el cual se le otorga “la administración de la Vía Navegable Troncal, junto con el mantenimiento de sus correspondientes servicios de dragado y balizamiento”. Y sigue: “Se facultó durante este tiempo a la empresa del Estado a cobrar el peaje y hacer las contrataciones necesarias para mantener operativos los servicios desde el kilómetro 1238 del río Paraná, llamado Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de La Plata exterior”. En la práctica, son 700 kilómetros de trabajos de dragado intensos, desde Santa Fe al Río de la Plata. Se trata de un negocio que genera una facturación bruta de US$ 200 millones y que hoy tiene 500 empleados.
Esta situación durará alrededor de un año, o el tiempo que tome lanzar los pliegos de la licitación “larga”, con un régimen establecido por el actual Gobierno, hasta ahora, de cobro de peaje por parte de privados, como figura en el Decreto 949/2020, todavía vigente, que dice en su primer artículo: “Delégase en el Ministerio de Transporte la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje”. Finaliza con la consigna de que es “a riesgo empresario y sin aval del Estado”, es decir, que la empresa que se hace cargo de la concesión cobra un peaje y con eso paga sus costos. Este es el sistema que estuvo en danza de manera oficial en todas las comunicaciones sobre el futuro de la Hidrovía, pero que hoy también tambalea.
Borrador
Desde el Ministerio de Transporte aseguran que hay un borrador de nuevo decreto que establece la conformación de un órgano o ente de control. Estará conformado por siete provincias en relación con la Hidrovía, más los ministerios de Transporte, Seguridad e Interior, entre otros, y “tendría la potestad de cobrar el peaje: será una decisión del Presidente”, aseguran fuentes oficiales. El experto de la BCR afirma que un ente de estas características es “una estructura burocrática, con un directorio, empleados y un consejo consultivo”.
Mientras, el Ministerio de Transporte avanzará en la confección y el llamado a la licitación definitiva de la Hidrovía, que tendrá una extensión de entre 12 y 15 años, según palabras del Alexis Guerrera, a cargo de la cartera, aunque es clave el punto de quién cobrará el peaje, que todavía tiene su lado oscuro. Fuentes allegadas al sector empresario manifiestan sus dudas de que finalmente continúe el régimen actual, privado, por peaje y a riesgo empresario, porque ven difícil que, una vez que el Estado se embolse el canon del peaje durante un año, quiera dejar de lado el manejo de ese dinero.
Daniel Nasini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, afirmó en un comunicado que lo que genera preocupación es que “la Argentina está lejos de los principales mercados del mundo, con lo cual, todas las ineficiencias que impacten en los costos logísticos repercuten negativamente en la competitividad de la producción nacional”. La visión de la entidad es que “es fundamental que los fondos aportados por las cargas continúen siendo percibidos directamente por quien lleve adelante las obras para evitar demoras en la liquidación y asegurar la ejecución de los trabajos en tiempo y forma”.
