El imputado de triple homicidio ingresó a la UP3 el 8 de junio, dos días después de que Garantías ordenara su prisión preventiva. Cabaleyro y Espíndola, acusados de delitos de extorsión, continúan alojados en la DDI a pesar de que ambos tienen preventiva confirmada por Casación. Pero, incluso, tres detenidos que arribaron a la DDI después que los camioneros también fueron trasladados esta semana a la unidad penitenciaria local. ¿Discrecionalidad? ¿Portación de apellido? Preguntas que este diario se hace y que también trasladó a funcionarios judiciales, penitenciarios y abogados penalistas.
De la redacción de EL NORTE
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Las horas y los días pasan, y la pregunta sigue sin encontrar una respuesta. ¿Por qué Damián Grottini está alojado en la UP3 sin preventiva firme mientras que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, con preventiva confirmada por Casación, continúan detenidos en sede de la DDI? O bien, ¿cuál es el criterio que define que en la unidad penitenciaria local haya cupo para uno y no para otros?
El lunes 6 de junio, el juez de Garantías Román Parodi hacía lugar al pedido de preventiva para Damián Grottini elevado por la fiscal Belén Baños. Pero el acusado de triple homicidio no podía ser trasladado ese día a la Unidad Penal 3 de esta ciudad puesto que una restricción sanitaria (por la aparición de un caso de fiebre hemorrágica argentina) prohibía el ingreso de nuevos internos al presidio ubicado sobre avenida Savio. Por disposición de Provincia, el plazo de restricción sanitaria vencía el miércoles 8. Ese mismo día, el imputado de haber matado a su hermano, su hija adoptiva y su madre era trasladado desde la Comisaría Segunda de Ramallo a la unidad penitenciaria de San Nicolás. Hasta ahí, todo legal.
La pregunta es qué criterio se utiliza para que los dirigentes de Camioneros imputados, entre otros cargos, de extorsión permanezcan detenidos en una celda de la DDI local. Allí ingresaron el 8 de abril. Y allí permanecían hasta ayer.
Fuentes de fiscalía consultadas por este diario se hacen la misma pregunta. Lo primero que hay que saber es que es el Juzgado de Garantías es el responsable de tramitar el traslado a una cárcel de los detenidos que están a su disposición. Fuentes judiciales le aseguran a EL NORTE que la UP3 se excusó de recibir a Cabaleyro y Espíndola por falta de cupo. Lo curioso es que, además de Grottini, otras tres personas con prisión preventiva que estuvieron detenidas en la DDI cuando los camioneros ya se encontraban allí fueron ingresadas esta semana a la Unidad Penal 3 de San Nicolás.
“Es el Servicio Penitenciario el que resuelve ingresos”, coincidieron fuentes de fiscalía ante la pregunta cursada por este diario. ¿Por qué, entonces, no son trasladados a otro penal? Porque está vigente una resolución ministerial que prohíbe trasladar a una persona detenida a una unidad penitenciaria de otra ciudad si existe un establecimiento carcelario en la localidad donde el imputado tiene domicilio.
64 días
Cabaleyro y Espíndola están detenidos en DDI desde el 8 de abril, es decir, hace hoy exactamente 64 días. Pero, como se escribió más arriba, tres personas que fueron detenidas tiempo después que los camioneros y alojados también en la DDI ya se encuentran alojados en la unidad penitenciaria de San Nicolás. ¿Por qué? La respuesta no la supo contestar ninguna de las fuentes consultadas. “Están a disposición de Garantías y resuelve el Servicio Penitenciario bonaerense”, coinciden en la explicación.
La discrecionalidad con la que se resuelve quién debe cumplir prisión preventiva en cárcel común y quién puede hacerlo en una celda de una dependencia de seguridad es muy evidente. En off, dos reconocidos abogados penalistas dejaron respuestas verdaderamente inquietantes. “Deben tener más plata que Grottini”, respondió uno. “Si sos un pelele sin influencias, seguro que tenés todas las de perder en relación con el que sí puede ejercer algún tipo de presión”, respondió otro.
Como sea, aquella máxima de que la Justicia debe ser ciega se topa con la realidad de funcionarios tuertos, judiciales y penitenciarios. O bien, funcionarios que, haciéndose los distraídos, deciden mirar hacia otro lado.