El gremio reclama que en el Congreso ratifique el rechazo aprobado en Diputados para dejar sin efecto la disolución del organismo.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), encabezado por su secretaria general Graciela Aleñá, marchará el próximo jueves 21 de agosto al Congreso Nacional para exigir que el Senado rechace de forma definitiva el DNU 461/2025, que establece el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.
Argumentos contra la disolución del organismo
El gremio presentó un escrito en la Cámara alta en el que advirtió que el deterioro del estado de las rutas nacionales representa un riesgo grave para la seguridad vial, al ser causa de accidentes y muertes. Según el documento, la disolución de Vialidad pondría en peligro vidas, la conectividad provincial e internacional y el desarrollo de las economías regionales.
El texto cuestiona que el DNU se base en un informe del Ministerio de Transporte con “inexactitudes, datos falsos y apreciaciones subjetivas sin rigor técnico”. Señala que el relevamiento omite cerca de 50 funciones esenciales que realiza la DNV, entre ellas el control de peso y dimensiones, el trabajo de cuadrillas y la evaluación de pavimentos, todas vinculadas de forma directa con la seguridad de quienes circulan por rutas y caminos.
Impacto económico y situación judicial
El sindicato estimó que contratar a terceros para reemplazar estas tareas sería entre un 15% y un 50% más costoso para el Estado. También denunció que la retención de fondos del impuesto a los combustibles en 2024 y 2025, junto con la desfinanciación presupuestaria, está acelerando el deterioro de la red vial, afectando la transitabilidad, la seguridad y las economías regionales.
El DNU 461/2025 está frenado por una medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín, al considerar que Vialidad es un ente autárquico creado por decreto ley y, por lo tanto, no puede disolverse. La resolución judicial suspende el cierre por seis meses, plazo en el que los trabajadores buscan que el Congreso, con el rechazo de ambas cámaras, deje la medida sin efecto de manera definitiva.
