Greenpeace reclama plena participación en audiencias por la Ley de Glaciares
NewsITe
La organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia federal para que se garantice la participación oral de las más de 100 mil personas inscriptas en las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, recientemente aprobada por el Senado.
Las audiencias están previstas para el miércoles 25 de marzo, de forma presencial, y el jueves 26, en modalidad virtual. Sin embargo, el esquema definido por las autoridades parlamentarias habilita solo a 200 expositores presenciales en la primera jornada y a otros 200 en la audiencia remota, mientras que el resto de los inscriptos deberá enviar su posición por escrito o mediante un video de hasta cinco minutos.
La causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente subrogado por el magistrado Enrique V. Lavié Pico. De aceptarse el planteo de Greenpeace y habilitarse la exposición oral de la totalidad de los inscriptos, fuentes parlamentarias estiman que serían necesarios alrededor de 500 días de audiencias para completar el cronograma.
Desde distintos bloques opositores señalan la necesidad de encontrar un criterio intermedio que permita ampliar la participación más allá de los 400 oradores previstos, sin llegar al extremo de los 100 mil expositores, a fin de no paralizar el funcionamiento legislativo pero sin desvirtuar el mecanismo de audiencia pública.
Cuestionamientos al esquema de participación definido por Diputados
Greenpeace cuestiona la resolución de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoráz, que dispuso que el 25 de marzo puedan hablar en forma presencial únicamente los primeros inscriptos de cada provincia. Un criterio similar regirá para la audiencia virtual del día siguiente.
En el escrito presentado ante la Justicia, la ONG reclama que se ordene al Congreso de la Nación “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la Ley de Glaciares. Para ello, solicita una readecuación del cronograma mediante su ampliación y/o la realización de jornadas adicionales, así como la adopción de medidas organizativas que permitan una participación efectiva.
El Acuerdo de Escazú y los estándares de participación
La entidad ambiental también advierte sobre la implementación de mecanismos que, a su entender, restringen la participación ciudadana, como el reemplazo de la exposición oral por presentaciones audiovisuales o el envío de videos a plataformas como YouTube. Sostiene que estas alternativas no cumplen con los estándares mínimos de participación pública previstos en la normativa internacional.
- Garantizar el derecho a intervenir oralmente en procesos de toma de decisión ambiental.
- Evitar que la audiencia se transforme en un mero trámite formal sin debate real.
- Adecuar la organización del Congreso a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú.
“La participación debe ser efectiva, informada y en condiciones de igualdad, especialmente cuando se discuten normas que afectan ecosistemas sensibles como los glaciares”, sostienen desde el sector ambiental.
Greenpeace también pidió la designación de veedores judiciales para supervisar el desarrollo de las audiencias, tanto presenciales como virtuales, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y el respeto de los estándares fijados por el Acuerdo de Escazú. El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares se perfila así como un nuevo capítulo en la discusión sobre la calidad de la participación ciudadana en las decisiones ambientales de alcance nacional.
