Gobierno y CIN negocian un nuevo esquema de recursos
NewsITe
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) transitan horas clave en la búsqueda de un entendimiento que destrabe el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. Tras meses de tensión, marchas multitudinarias y reclamos judiciales, en la Casa Rosada hablan de un “buen clima de negociación” y de la posibilidad concreta de avanzar hacia un pacto que suponga mayores recursos para las casas de estudio.
Según señalan fuentes oficiales, la gestión de Javier Milei considera que la situación presupuestaria crítica de las universidades empujó al CIN a aceptar la propuesta presentada por el Ministerio de Capital Humano. Desde el oficialismo remarcan que el planteo fue claro desde el inicio: el margen fiscal es acotado y la prioridad es sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
En este contexto, la cartera que conduce Sandra Pettovello puso sobre la mesa una oferta que incluye un incremento salarial total del 24% para el sector docente y no docente universitario. El esquema contempla una suba del 21,33% en los haberes de junio y un 3% adicional a aplicarse en octubre. A esto se suma una partida específica de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios, uno de los puntos que mayor fricción había generado en las discusiones previas.
En Balcarce 50 aseguran que el escenario actual muestra una modificación respecto de las posturas iniciales y destacan la “muy buena predisposición” de los rectores. Del lado de las universidades, en tanto, reconocen que hubo un giro obligado por las dificultades económicas, pero subrayan que el eventual acuerdo no implica renunciar a los reclamos judiciales vinculados con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 y vetada por el Presidente.
La Ley vetada y el frente judicial abierto
La norma, que establecía un esquema de actualización automática para los presupuestos universitarios, fue impugnada por el Poder Ejecutivo con el argumento de que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Rectores y especialistas en educación superior consideran, en cambio, que ese marco legal es clave para garantizar la previsibilidad del sistema universitario y evitar episodios recurrentes de desfinanciamiento.
Voceros del ámbito académico señalan que cualquier entendimiento con el Gobierno debe asumirse como un punto de partida y no como un cierre definitivo de la discusión presupuestaria. En esa línea, advierten que los montos ofrecidos “no alcanzan” para recomponer plenamente los gastos de funcionamiento y la pérdida salarial acumulada, por lo que anticipan que las gestiones por mayores recursos seguirán en paralelo.
El frente sindical universitario también juega un rol central en este escenario. Los gremios que representan a docentes y trabajadores no docentes analizan en estas horas el impacto concreto de la propuesta y el estado de la negociación paritaria. Aunque no se descarta que finalmente acompañen el entendimiento, las dirigencias mantienen cautela y evitan adelantar una postura definitiva.
Protestas, Corte Suprema y perspectivas
Mientras avanzan las conversaciones con el Ejecutivo, el universo universitario sostiene sus acciones de visibilización. En la jornada más reciente, el frente sindical llevó adelante una protesta con clases públicas en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo se centró en pedirle a la Corte Suprema que se expida sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario y habilite su plena vigencia.
- Oferta oficial: aumento salarial del 24% entre junio y octubre.
- Partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.
- Reclamos judiciales por la ley vetada siguen en curso.
- Gremios universitarios evalúan si acompañan el eventual acuerdo.
“Es una migaja y los reclamos continuarán”, sostienen referentes universitarios, que consideran que el posible acuerdo debe entenderse como el inicio de una nueva etapa de negociación y no como el cierre del conflicto.
De cara a las próximas semanas, la clave estará en cómo se traduzcan las conversaciones en resoluciones concretas y en qué medida las partidas adicionales impacten en el funcionamiento cotidiano de las universidades y en los salarios. Mientras el Gobierno busca exhibir disciplina fiscal, el sistema universitario insiste en que la educación superior pública requiere de un financiamiento sostenido para garantizar su rol social, científico y federal en todo el país.
