La Nación traslada a provincias y municipios las obras del FISU
NewsITe
El Gobierno nacional aprobó un nuevo esquema para la continuidad de las obras de integración socio urbana en barrios populares, que contempla el traspaso del financiamiento y la ejecución a provincias y municipios, luego del freno judicial a la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
La medida quedó oficializada mediante la Resolución 209/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece que los gobiernos provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios podrán hacerse cargo de las obras con recursos propios. El objetivo es garantizar, bajo nuevas reglas administrativas, la continuidad de los proyectos en marcha mientras se cumple con la orden de la Justicia Federal de no desmantelar el fondo fiduciario.
Según el plan de acción aprobado, cada obra en ejecución será analizada en función de la disponibilidad presupuestaria del área responsable y requerirá acuerdos específicos con las jurisdicciones locales. La coordinación entre Nación, provincias y municipios será condición necesaria para definir si una obra sigue adelante, se reestructura o, en casos extremos, se da por terminada.
Auditorías, irregularidades y condiciones para seguir las obras
El nuevo esquema se apoya en un proceso de revisión profunda iniciado tras una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el FISU. Ese informe detectó fallas generalizadas: demoras en la ejecución, incumplimientos en los plazos, rendiciones de cuentas tardías y sobrecostos, además de la compra de terrenos sin condiciones adecuadas, incluso próximos a basurales y sin tasación previa.
También se observaron adjudicaciones a cooperativas sin antecedentes técnicos suficientes, lo que motivó que el Poder Ejecutivo dispusiera en 2025 la disolución y liquidación del fideicomiso FISU mediante el Decreto 312/2025. Sin embargo, esa decisión quedó suspendida por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones.
- Ante irregularidades de entes ejecutores o contratistas, se verificará si hubo correcciones.
- Si las faltas persisten, se gestionará el recupero de fondos y se podrá resolver el convenio.
- Las provincias y municipios serán invitados a asumir las obras sin aportes nacionales.
- Si no aceptan o no pueden, Nación evaluará, de manera restrictiva, si continúa el financiamiento.
La Justicia ordenó al Gobierno de Javier Milei diseñar un plan que asegure la continuidad de la política de integración socio urbana establecida por la Ley 27.453, aun en medio del proceso de revisión del FISU.
En respuesta a esa orden judicial, la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano realizó un relevamiento técnico para determinar el grado de avance de cada proyecto, los montos asignados y los eventuales incumplimientos. Con esa información, el Gobierno busca redefinir qué obras seguirán con apoyo nacional y cuáles deberán ser asumidas íntegramente por las jurisdicciones locales, en un contexto de fuerte ajuste del gasto y de revisión de los programas de infraestructura social en todo el país.
