El Ejecutivo aplaza el aumento tributario sobre combustibles
NewsITe
El Gobierno nacional dispuso una nueva prórroga para la actualización de los impuestos que gravan a las naftas y al gasoil, que ahora comenzará a aplicarse a partir del 1° de octubre de 2026. La medida busca contener, al menos durante septiembre, el impacto directo de la suba impositiva sobre los precios de los combustibles en surtidor.
La decisión quedó formalizada a través del Decreto 829/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El texto oficial posterga la entrada en vigencia de incrementos pendientes en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono, dos tributos que inciden de manera directa en el valor final que pagan los automovilistas.
La postergación alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, e incluye actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026. Esos aumentos debían comenzar a regir el 1° de septiembre, pero el Poder Ejecutivo resolvió diferirlos un mes más dentro del cronograma de recomposición impositiva que viene aplicando de forma escalonada.
Alivio transitorio en surtidores y margen para las petroleras
Con esta definición, durante septiembre no se sumará el componente de la suba de impuestos a la estructura de costos de los combustibles. Sin embargo, la norma no impide que las compañías petroleras puedan redefinir sus precios de venta en función de otros factores, como la cotización internacional del crudo, el tipo de cambio, los costos logísticos o la evolución salarial del sector.
En los últimos años, el Gobierno fue acumulando retrasos en la actualización de estos tributos, que se ajustan por inflación y tienen un peso relevante en la recaudación nacional. El esquema de implementación escalonada busca, según el oficialismo, equilibrar dos objetivos: recomponer ingresos fiscales y, al mismo tiempo, evitar saltos bruscos en los valores de referencia de naftas y gasoil.
Fundamentos oficiales y impacto económico
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo argumenta que la prórroga se inscribe en la necesidad de “continuar favoreciendo la recuperación de la actividad” mediante una política fiscal que, señalan, debe ser sustentable pero compatible con el crecimiento económico. En ese marco, el Gobierno privilegió postergar una parte de la carga impositiva que impacta de lleno en el transporte, la logística y el consumo masivo.
Especialistas del sector energético advierten que cualquier ajuste sobre los combustibles tiene un efecto cascada sobre el resto de los precios de la economía, a través del costo del flete y la distribución. Por eso, el diferimiento de septiembre podría otorgar un respiro parcial a comercios, industrias y usuarios, aunque la actualización tributaria se concretará desde octubre si no media una nueva postergación.
La prórroga del aumento impositivo contiene el precio en el corto plazo, pero deja planteado un nuevo desafío para cuando el ajuste finalmente se traslade a los surtidores.
En un contexto de elevada inflación y recomposición gradual de tarifas y tributos rezagados, la evolución del precio de los combustibles seguirá siendo un factor clave tanto para el bolsillo de los consumidores como para la dinámica de costos de la economía argentina.
