El Gobierno Nacional buscará este miércoles un dictamen exprés para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La nueva versión mantendrá el límite del 15% a la extranjerización de tierras, aunque eliminará el tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo. El giro apunta a contener a la oposición y evitar que avance contra el DNU 70/2023.
El Gobierno de Javier Milei decidió moderar su postura sobre la Ley de Tierras y avanzar con una versión más acotada de la reforma que había impulsado originalmente. La Libertad Avanza buscará este miércoles firmar dictamen en Diputados para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El nuevo esquema mantendría el límite del 15% a la extranjerización de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Sin embargo, el oficialismo pretende eliminar el tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo, uno de los puntos que más condicionaba las operaciones de compra por parte de extranjeros.
La maniobra responde a una necesidad política concreta. El Gobierno busca bajar la tensión con sectores de la oposición antes de la sesión del jueves, donde distintos bloques podrían avanzar contra el DNU 70/2023, una de las herramientas centrales de la gestión de Milei.
Un giro para evitar una derrota mayor
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunirán este miércoles a las 16 para retomar el tratamiento del proyecto. El objetivo del oficialismo es cerrar un dictamen rápido y llegar con una nueva versión acordada antes de que la oposición vuelva a poner en discusión el mega decreto.
La Casa Rosada había intentado eliminar por completo las restricciones previstas en la Ley 26.737, pero ese camino encontró fuertes resistencias. Frente a ese escenario, el Gobierno optó por una salida intermedia: mantener parte de los límites vigentes y, al mismo tiempo, flexibilizar las condiciones para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
El cambio también busca evitar que el conflicto por la Ley de Tierras termine arrastrando al resto del DNU 70/2023. En el oficialismo admiten que insistir con una derogación total podía sumar votos a una ofensiva opositora más amplia y exponer al Gobierno a una derrota de mayor alcance.
El antecedente del Senado
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó a Diputados después de un paso complejo por el Senado. Allí, el oficialismo debió retirar varios capítulos ante la falta de apoyo suficiente para sostener el texto original.
La iniciativa incluía la eliminación de la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Integración Sociourbana. Sin embargo, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, terminó aceptando una versión recortada para conseguir la media sanción.
Aquella negociación fue leída como un revés para el Gobierno, que no logró imponer su propuesta completa. Ahora, con el proyecto en Diputados, el oficialismo intenta recuperar parte de su agenda sin volver a quedar aislado frente a la oposición.
Qué cambia en las expropiaciones
Más allá de la discusión por las tierras rurales, el proyecto introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones. La declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y el Estado tendrá que justificar con mayor precisión los motivos de cada medida.
La iniciativa también cambia la forma de calcular las indemnizaciones. El monto deberá fijarse sobre el valor objetivo del bien, sin incorporar componentes afectivos ni ganancias hipotéticas que no puedan demostrarse.
En el caso del lucro cesante, el texto establece un límite del 30%, siempre que ese perjuicio esté debidamente acreditado. La actualización de los montos combinará el Índice de Precios al Consumidor del INDEC con la tasa a 30 días del Banco Nación.
Desalojos más rápidos y mayores facultades judiciales
Otro de los puntos centrales del proyecto es la agilización de los desalojos. La norma alcanzará a locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos cuando exista un reclamo presentado por quien pueda acreditar un derecho legítimo sobre el inmueble.
En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución inmediata de la propiedad si considera verosímil el derecho invocado. También tendrá la facultad de intimar dentro de las 72 horas a quienes permanezcan en el inmueble para que procedan a su devolución.
Cuando el conflicto sea por falta de pago y no por una ocupación directa, el procedimiento será distinto. El inquilino contará con un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda después de recibir la intimación correspondiente.
Si el pago no se concreta, el propietario podrá iniciar la acción judicial de desalojo. El proyecto establece que ese trámite deberá sustanciarse mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación vigente.
La resolución judicial podrá habilitar, además, el uso de la fuerza pública, el allanamiento del domicilio y la apertura de cerraduras cuando resulte necesario. Al mismo tiempo, el texto incorpora un protocolo especial para situaciones de vulnerabilidad.
Cuando en el inmueble haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, deberá intervenir el Ministerio Público Tutelar. En esos casos habrá un plazo máximo de diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria antes de concretar el desalojo.
El oficialismo espera que esta reformulación le permita avanzar con una parte de su agenda sobre propiedad privada sin abrir un nuevo frente de conflicto. La apuesta, en definitiva, es ceder en algunos puntos para preservar otros que considera estratégicos.
