El municipio de Ramallo se niega a acatar la decisión del Ministerio de Trabajo de abrir las paritarias el 1 de marzo de 2023, desconociendo la autoridad de aplicación de la Ley 14656 y la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo. ATE Ramallo denuncia que el poder ejecutivo está dilatando la apertura de las paritarias y practicando deslealtad hacia los trabajadores municipales.
El 17 de febrero, ATE Ramallo participó en una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo, donde se discutieron las paritarias municipales junto con el gremio SMTR. Sin embargo, el SOEM estuvo ausente. Durante la reunión, se informó sobre los porcentajes de representación en la paritaria municipal y la forma de votación, algo que fue objetado por el municipio.
El Ministerio de Trabajo fijó la apertura de paritarias para el 1 de marzo a las 14 horas, pero el municipio se opuso alegando que solo se habían convocado para ver cómo se votaba y que iban a consultar a su asesoría legal. El Gobierno municipal se niega a abrir las paritarias según lo que dictó el Ministerio de Trabajo, a pesar de que se acordó una fecha para el 1 de marzo de 2023. El poder ejecutivo dijo que llevarán a cabo las negociaciones con los gremios durante el mes de marzo sin una fecha exacta para la misma.
ATE Ramallo denuncia que el poder ejecutivo está dilatando la apertura de las paritarias y desconociendo la autoridad de aplicación de la Ley 14656 y la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo. Afirmaron que la autonomía municipal no da derecho a desconocer las leyes que regulan los derechos de los trabajadores municipales.
El Ministerio de Trabajo estableció que las entidades gremiales deben conservar la proporcionalidad entre la cantidad de afiliados cotizantes de cada organización al momento de la votación, independientemente de la cantidad de representantes asignados dentro de la mesa negociadora. ATE Ramallo representa el 53%, SOEM el 38%, y SMTR el 8%.
ATE Ramallo ha afirmado que, desde diciembre de 2022, el poder ejecutivo ha estado ganando tiempo para no discutir los salarios a favor de los trabajadores. El gremio considera que la negación del municipio al Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación representa una práctica desleal hacia los trabajadores.
