La Casa Rosada convocó a una reunión política y técnica para revisar el proyecto, que ya fue postergado tres veces. Las diferencias dentro del oficialismo y las objeciones por la venta de tierras a extranjeros demoran su tratamiento.
El Gobierno nacional retomó este martes las negociaciones para intentar destrabar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas legislativas que considera prioritarias para el segundo semestre. Funcionarios nacionales y legisladores analizarán una nueva versión del proyecto, que será debatido en el Senado el próximo 6 de agosto tras haber sido postergado en tres oportunidades.
La reunión se desarrolla en Casa Rosada y está encabezada por la senadora Patricia Bullrich, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, junto con equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El objetivo es unificar criterios y corregir los puntos que generaron diferencias dentro del oficialismo y entre los bloques dialoguistas.
Las diferencias frenaron el avance del proyecto
El tratamiento de la iniciativa quedó en pausa por la falta de consenso en el Senado y por los cambios incorporados durante las negociaciones. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó la última versión del texto, que ya acumula unas 15 modificaciones desde su presentación.
Según trascendió, incluso advirtió que recomendaría al presidente vetar la ley si avanzaba esa redacción. Ante ese escenario, el Gobierno decidió revisar nuevamente el proyecto antes de llevarlo al recinto.
Del encuentro también participan los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, además de representantes de bloques federales.
La venta de tierras a extranjeros sigue siendo el principal foco de conflicto
Uno de los artículos más cuestionados es el que regula la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros. Ese punto despertó reparos de varios gobernadores y provocó diferencias dentro del propio oficialismo.
La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó públicamente su rechazo a la propuesta impulsada por la Casa Rosada y mantuvo un fuerte cruce político con Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras del proyecto.
Las tensiones también derivaron en una denuncia por amenazas presentada por Cristian Larsen, jefe de asesores de Bullrich, contra Mario “Pato” Russo, colaborador cercano de Villarruel. Aunque ambos sectores intentaron descomprimir el conflicto con una reunión realizada la semana pasada, las diferencias siguen presentes.
El oficialismo apuesta a reunir los votos necesarios
Pese a las demoras, el Gobierno mantiene la expectativa de conseguir la aprobación del proyecto una vez que el Senado retome plenamente su actividad tras el receso invernal.
En la Casa Rosada confían en que las modificaciones al texto y las negociaciones con bloques provinciales permitirán alcanzar los apoyos necesarios para su sanción. La administración nacional considera que la norma resulta estratégica para fortalecer la seguridad jurídica y brindar una señal de previsibilidad a inversores y mercados.
