Gobernadores se reunieron en la Casa de Salta para unificar criterios ante el proyecto que el Gobierno pretende tratar en febrero y manifestaron preocupación por el impacto fiscal en las provincias
Los gobernadores identificados como “dialoguistas” mantuvieron este jueves una reunión en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de acordar una posición común frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que el oficialismo busca sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero. El encuentro se desarrolló en un contexto de negociaciones abiertas con la Casa Rosada y de creciente tensión por los efectos económicos de algunas de las medidas propuestas.
Según confirmaron fuentes oficiales, del encuentro participaron el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Hugo Passalacqua, de Misiones; y Rolando Figueroa, de Neuquén. La reunión apuntó a ordenar una estrategia común ante el debate legislativo que se avecina y a fijar límites claros en los puntos que generan mayor preocupación entre las provincias.
El impacto fiscal, en el centro del debate
Uno de los principales focos de discusión fue la reducción de las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida incluida en el paquete que impulsa el Gobierno y que, según los mandatarios provinciales, tendría un impacto directo y negativo en las finanzas locales.
La iniciativa contempla una rebaja del tributo a las sociedades, que pasaría del 35% al 31,5%. Desde las provincias advierten que esa modificación afectaría la masa coparticipable y, en consecuencia, los recursos que reciben los distritos, en un contexto de estrechez fiscal y crecientes demandas sociales.
Este punto es el que concentra la mayor tensión en la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada, ya que la pérdida de ingresos comprometería la capacidad de las provincias para sostener gastos corrientes y políticas públicas esenciales.
Negociaciones abiertas y pedidos de compensación
Ante ese escenario, el oficialismo nacional analiza distintas alternativas para compensar a las provincias por la merma de recursos que implicaría la reforma. Fuentes al tanto de las negociaciones precisaron que se evalúan variantes para amortiguar el impacto fiscal de la rebaja de Ganancias.
Los gobernadores aliados plantearon de manera conjunta que la reducción del impuesto a las sociedades podría generar una pérdida estimada de 1,2 billones de pesos para las arcas provinciales. En función de ese cálculo, insistieron en la necesidad de establecer mecanismos de compensación que garanticen previsibilidad financiera mientras se discute el avance del proyecto en el Congreso.
La postura común acordada en la reunión buscará servir como base para las próximas conversaciones con el Gobierno nacional, en un intento por compatibilizar los objetivos de la reforma con la sostenibilidad fiscal de las provincias.
