Estrategia renovada en la Casa Rosada rumbo a las presidenciales
NewsITe
A un año de las elecciones de medio término, el Gobierno nacional inició un giro político clave: busca recomponer puentes con los gobernadores aliados con la mira puesta en las presidenciales de 2027. Tras un período de fuerte tensión y desconfianza mutua, en la Casa Rosada admiten que la construcción de mayorías legislativas y territoriales se volvió una condición indispensable para garantizar la eventual reelección de Javier Milei.
Este cambio supone tomar distancia de la estrategia que predominó en 2025 dentro del oficialismo libertario, especialmente entre los sectores referenciados en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En aquel momento, se priorizó cuidar la identidad de La Libertad Avanza frente a la presión de armar un gobierno de coalición más amplio, aun a costa de dejar en suspenso acuerdos con varios mandatarios provinciales.
Desde el entorno de los asesores presidenciales recuerdan que, en los inicios de la gestión, figuras como Santiago Caputo alentaban la firma de la mayor cantidad de entendimientos posibles con las provincias. Esa postura generó uno de los debates internos más fuertes: por un lado, quienes defendían una estrategia de apertura controlada para sumar volumen político; por el otro, los que temían una dilución del sello libertario en acuerdos demasiado amplios.
Referentes cercanos a Caputo señalan ahora que “la realidad terminó por imponerse” y subrayan que quienes se oponían a esos acuerdos en 2025 hoy se ven obligados a revisar sus planteos. Las críticas apuntan, entre otros, a los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, encargados de la ingeniería partidaria en la fase inicial del armado oficialista.
Reforma electoral y colectoras para seducir a las provincias
En paralelo al giro político, el Gobierno impulsa una reforma electoral diseñada por el Poder Ejecutivo que busca ofrecer incentivos concretos a los gobernadores. Ante la falta de apoyos iniciales, el proyecto fue ajustado para habilitar una suerte de colectoras: listas de diputados y senadores provinciales que podrían “colgarse” de la boleta presidencial libertaria.
En la práctica, esta fórmula permitiría a los mandatarios mantener su identidad local, pero al mismo tiempo asociar su oferta legislativa a la candidatura de Milei. Desde el oficialismo remarcan, de todos modos, que no se trata de regalar bancas en el Congreso. “Tener colectoras no significa entregar los diputados y senadores nacionales. Cada cual se lo tiene que ganar. En 2025 querían entrar gratis, ahora pensamos una salida para que compitan con nuestras listas”, describe un legislador cercano a la mesa chica.
- Negociación de alianzas con gobernadores a cambio de apoyos en el Congreso.
- Implementación de colectoras para combinar boleta presidencial libertaria y armados provinciales.
- Discusión interna entre quienes priorizan la pureza partidaria y quienes empujan acuerdos amplios.
Calendario, Mundial 2026 y la cuenta regresiva para 2027
Con el calendario electoral todavía sin definiciones oficiales, en Balcarce 50 trabajan sobre un cronograma político más informal. El Gobierno apunta a dejar pasar el Mundial 2026 antes de activar de lleno las negociaciones por el armado nacional. La lectura es que durante el evento deportivo la atención pública estará concentrada en el fútbol y no en la rosca electoral.
Recién después de la Copa del Mundo, prevén dar luz verde a las primeras rondas de conversaciones formales con los gobernadores, tanto aliados como potenciales socios. Esas charlas funcionarían como antesala de los cierres de listas de 2027, donde se definirá cuántos mandatarios provinciales estarán dispuestos a pegar su suerte a la de Milei.
En la Casa Rosada admiten que, sin una red de apoyos territoriales sólida y acuerdos legislativos duraderos, la reelección presidencial se vuelve un objetivo mucho más cuesta arriba.
Así, el cambio de estrategia marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno libertario y las provincias: de la lógica de confrontación permanente a un esquema de negociación condicionada, en el que cada apoyo tendrá un precio político y electoral claramente establecido.
