El Tribunal de Cuentas pone la lupa sobre la gestión de Mauro García
NewsITe
La ciudad bonaerense de General Rodríguez volvió a quedar en el centro de la escena institucional. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires decidió avanzar con una denuncia que apunta a la gestión del intendente Mauro García por la presunta utilización de fondos públicos con fines políticos, a partir de la entrega de kits escolares con identificación oficial.
La presentación fue impulsada por el abogado Miguel Puentes y, según pudo reconstruir DIARIO EL NORTE en base a fuentes vinculadas al expediente, pone el foco en un programa municipal de ayuda escolar financiado con recursos locales. De acuerdo con la denuncia, los kits no sólo incluían útiles y materiales educativos, sino también elementos con un logo asociado a la actual gestión de gobierno.
El corazón del cuestionamiento está en una línea muy delgada pero clave para cualquier administración pública: la diferencia entre una política social legítima y la propaganda política encubierta. Mientras que la entrega de materiales escolares a familias vulnerables es una herramienta habitual de acompañamiento estatal, el uso de esa asistencia para instalar la “marca” de una gestión despierta alertas sobre el posible uso partidario de recursos que pertenecen a toda la comunidad.
El avance del Tribunal de Cuentas no supone una condena ni un veredicto anticipado, pero sí abre una instancia formal de análisis. En esta etapa se revisará documentación respaldatoria, facturas, órdenes de compra, expedientes administrativos y toda la trazabilidad del programa, además de habilitar la presentación de descargos por parte de los funcionarios involucrados.
Desde el entorno municipal se insiste en que los programas sociales y educativos forman parte de políticas públicas habituales en la región y se enmarcan en una línea de trabajo sostenida en materia de inclusión. De todos modos, la investigación instala un interrogante incómodo: quién controla que la ayuda escolar no se transforme en un vehículo de promoción personal del intendente o del oficialismo de turno.
Qué se discute y cuáles pueden ser las derivaciones
El caso de General Rodríguez se suma a otros episodios debatidos en distintos distritos bonaerenses y del país, donde se cuestionó la presencia de logos de gestión, colores partidarios o consignas electorales en mochilas, guardapolvos, cuadernos u obras públicas financiadas por el Estado.
- Posible responsabilidad administrativa de funcionarios si se verifica un uso indebido de los fondos.
- Recomendaciones o sanciones del Tribunal de Cuentas, que pueden incluir resarcimientos económicos.
- Debate político local sobre los límites de la comunicación oficial en programas sociales.
- Exigencia de mayor transparencia y controles sobre la ejecución de recursos municipales.
“Una cosa es entregar materiales escolares; otra, muy distinta, es que esa ayuda se convierta en un soporte de publicidad política financiada por los vecinos”, señalan voces críticas consultadas por este medio.
A la espera de definiciones del Tribunal de Cuentas bonaerense, la postal es elocuente: General Rodríguez repartió kits escolares y ahora deberá explicar, punto por punto, si se trató de una política de apoyo educativo o de una estrategia de difusión de la imagen del intendente utilizando dinero público.
