La Organización Mundial de la Salud define “violencia” como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Tiene distintas formas de expresión, que tuvieron sus ejemplos durante el año.
Violencia de género
Dentro de las violencias definidas por la Organización Mundial de la Salud, se inscribe a la violencia de género como un problema de salud pública.
Desde el Año Nuevo de 2021 hasta hoy, con cifras disímiles pero no por eso menos graves, las distintas organizaciones que analizan los casos de violencia de género indican que aproximadamente una mujer cada 30 horas fue asesinada por un hombre en ese contexto en distintos puntos de nuestro país.
Muchas los habían denunciado antes, otras no se animaron. Algunas fueron “protegidas” por una medida de restricción y otras revictimizadas en procesos judiciales sin perspectiva de género.
Hay “Nancys” enterradas debajo de carpetas de cemento; hay “Úrsulas” asesinadas a manos de parejas o exparejas que integran -o integraban- fuerzas de seguridad en alguna ciudad del país.
También hay madres atacadas por sus hijos, como Pyrhia Saroussy, a quien el israelí Gilad Pereg mató junto a su tía en Mendoza, tal como se concluyó en noviembre pasado al cabo de un juicio al que se presentó simulando ser gato y maullando sin parar.
Hay jóvenes, adolescentes, adultas y adultas mayores asesinadas. Hay niñas y niños víctimas de homicidios vinculados y muchas y muchos otros que quedaron sin madre.
También hay fallos judiciales revictimizantes, sin perspectiva de género, algunos de los cuales fueron anulados por instancias superiores, como el de Lucía Pérez en Mar del Plata, que derivó en un jury a los dos magistrados que lo dictaron.
Violencia narco
La violencia narco también arrojó abultadas cifras en 2021: hasta hoy, 236 personas fueron asesinadas en decenas de balaceras ocurridas en la ciudad de Rosario y sus alrededores, atribuidas mayormente a sicarios que tan solo con chequear un nombre, montar una motocicleta y empuñar un arma convierten en moneda corriente las ejecuciones que pagan traiciones y deudas vinculadas a la comercialización de sustancias.
Algunas investigaciones lograron revelar un trasfondo de complicidades policiales y hasta judiciales que posibilitan una aproximación a entender el cómo y el por qué un hombre de 33 años, llamado Ariel “Guille” Cantero, logra desafiar al sistema de seguridad y organizar operaciones narcos, asaltos, secuestros, tiroteos y ejecuciones desde la prisión, donde tiene asegurada su permanencia al menos por los próximos 28 años.
En agosto pasado, el líder de la banda narco criminal “Los Monos” fue condenado a 22 años de cárcel por balaceras contra edificios judiciales y domicilios de funcionarios, al cabo de un juicio oral realizado bajo condiciones de extrema seguridad y en cuya primera audiencia, cuando le preguntaron cuál era su oficio o profesión, respondió entre jocoso y desafiante: “Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”.
Violencia institucional
Pero la violencia no solo es potestad de quienes amasan su poder y su fortuna con organizaciones criminales. También integrantes de las fuerzas de seguridad en distintas ciudades y circunstancias ostentaron su condición y dispararon sus armas contra quienes debían proteger.
A plena luz del día de un miércoles de noviembre en ese barrio porteño fue atacado a tiros junto a tres amigos por tres integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.
Los chicos acababan de terminar de entrenar, tenían sed y se detuvieron frente a un kiosco para comprar jugo. No atinaron ni a imaginar que esas personas armadas que bajaron de un auto sin patente y vestidas de civil eran policías que supuestamente querían “identificarlos”.
La “patota policial” -como la describió el fiscal- disparó desde distintos ángulos contra el auto en el que los chicos, asustados, quisieron escapar. Y Lucas recibió un tiro en la cabeza. Murió. Lo mataron.
Al igual que a Lucas, un policía mató a Luciano Olivera, quien tenía 16 años y vivía en Miramar. A Alejandro Martínez, que ya había cumplido los 35, lo asfixiaron en una comisaría de San Clemente del Tuyú. En cambio, Santiago “Chano” Moreno Charpentier, el músico de 40, sobrevivió para contarlo.
Violencia médica
Si “D10S” hubiera estado vivo, seguramente se hubiera conmovido frente a esos padres devastados que encabezaron tras el crimen de Lucas una marcha con velas frente a los tribunales porteños, exhibiendo los botines de fútbol de su hijo. “Eran su única arma”, como dijo su mamá.
Pero no. Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 y en abril de este año una junta médica concluyó que podría estar vivo si no hubiese tenido un equipo médico tratante “temerario” e “indiferente”.
El 2021 termina con ocho profesionales de la salud acusados del homicidio con dolo eventual de Maradona y con los requerimientos de los dos hijos varones del “10” para que se investigue si en realidad no se trató de un homicidio criminis causa, con intenciones de provocarle la muerte para quedarse con su dinero.
Un gráfico y utilizado ejemplo de violencia médica indica: “Es cuando se introduce el dedo infectado en la herida del otro para que se complique”.
Un arma policial disparada al antojo, un puñal a manos de un femicida, una perimetral violada y una moto tripulada por sicarios también son imágenes que sin mucho esfuerzo aplican a ese ejemplo.
